El Gobierno nacional inició este martes el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El plan contempla transferir el 90% del capital accionario al sector privado en un plazo de ocho meses, según lo establecido por la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía.
El inicio formal de la privatización de AySA
La resolución, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a contratar un banco estatal que realice la tasación del paquete accionario. Una vez definido ese paso, se avanzará en la venta de las acciones en los mercados locales.
El proceso comenzó tras la publicación del Decreto 494/2025, que introdujo cambios en el marco regulatorio de la compañía para habilitar su enajenación. El Ejecutivo busca completar la operación dentro de los próximos ocho meses.
AySA fue reestatizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces, según datos oficiales, la empresa recibió más de 13.400 millones de dólares en aportes del Tesoro Nacional hasta 2023.
En julio de 2024, AySA quedó incluida en la lista de ocho empresas sujetas a privatización dentro de la Ley Bases aprobada por el Congreso.
El 22 de julio de 2025, el Gobierno dio el primer paso formal con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitió desprenderse total o parcialmente de la participación accionaria estatal.
Qué pasará con los trabajadores de AySA
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el 10% del capital social de la empresa seguirá en manos de los empleados, bajo el programa de propiedad participada vigente.
De este modo, el 90% restante quedará disponible para su colocación en el mercado, en línea con el plan de privatización impulsado por el Ejecutivo.
AySA presta servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las áreas de mayor concentración poblacional del país.
El Gobierno justifica la privatización en el deterioro de la infraestructura y en los aportes fiscales que demandó la empresa en los últimos años, con la expectativa de atraer capital privado para mejorar su funcionamiento.
