El 15 de marzo de 2023, una manifestación de jubilados en las cercanías del Congreso Nacional se vio alterada por disturbios violentos organizados por grupos de barras bravas de diferentes equipos de fútbol. Según el Gobierno, los manifestantes atacaron a las fuerzas de seguridad con objetos contundentes, armas blancas y de fuego, causando daños en bienes públicos y lesiones a varios oficiales. La situación escaló rápidamente, con objetos incendiados y enfrentamientos directos con la policía.
El gobierno, a través de Fernando Soto, presentó una denuncia formal contra la jueza Karina Andrade por su manejo del caso. Según la denuncia, la jueza liberó a los 114 detenidos sin seguir los procedimientos legales adecuados. Entre las acusaciones se destaca que Andrade «se inventó» un proceso propio, desoyendo las normativas procesales vigentes y tomando decisiones a través de un grupo de WhatsApp, lo que se considera una violación grave del sistema judicial.
El Ministerio de Seguridad resaltó que la jueza no siguió el procedimiento estándar para recibir los avisos de detención, permitiendo que defensores ajenos al proceso hicieran planteos de nulidad. La normativa local excluye la posibilidad de que defensores oficiales intervengan sin ser designados por los imputados, lo que contraviene la legislación del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires.
Otra de las irregularidades denunciadas es que la jueza permitió que las decisiones fueran tomadas a través de un grupo de mensajería, sin registrar formalmente las resoluciones. Según la denuncia, Andrade no intervino en las actuaciones de la fiscalía ni verificó la existencia de antecedentes penales de los detenidos, muchos de los cuales tenían un historial criminal grave, incluyendo delitos como tráfico de armas, estupefacientes y robos agravados.
Impacto y reacciones ante la denuncia
La denuncia presentada por el Gobierno pone en evidencia una serie de irregularidades en el manejo judicial del caso, que incluyen la liberación anticipada de los detenidos sin pruebas suficientes o el control adecuado de la situación. Las autoridades destacan la gravedad de estos actos, especialmente al considerar los antecedentes de los individuos involucrados y el impacto de la violencia organizada en el orden público.
