El Gobierno nacional presentó una propuesta para crear una comisión bicameral que unifique el debate de la reforma del Código Penal. La iniciativa, impulsada en el Congreso para ser tratada entre el 10 y el 31 de diciembre, busca agilizar la aprobación del proyecto junto al Presupuesto 2026 y la reforma laboral.
La Casa Rosada propuso conformar una comisión integrada por legisladores de ambas cámaras con el objetivo de evitar tratamientos paralelos y reducir los tiempos legislativos. La bicameral funcionaría como espacio central de negociación para acordar un texto único y emitir un dictamen que luego sería votado en el recinto.
Según fuentes del Ejecutivo, la medida permitiría ordenar el debate y evitar demoras internas en un proyecto que implica modificaciones profundas en el sistema penal argentino.
Qué cambios contempla la reforma del Código Penal
Endurecimiento de penas y actualización estructural
El proyecto del Gobierno incorpora sanciones más severas para delitos considerados graves, entre ellos:
- Homicidios agravados
- Abuso sexual
- Narcotráfico
- Trata de personas
- Corrupción
- Terrorismo
También incluye la imprescriptibilidad de determinados delitos, la implementación plena del sistema acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo sostiene que se trata de una actualización integral destinada a modernizar el sistema penal y reforzar la respuesta frente al crimen organizado y la violencia extrema.
Roles en el Senado y en Diputados
En la Cámara alta, las conversaciones estarán encabezadas por Patricia Bullrich, mientras que en Diputados la conducción recaerá en Martín Menem. Paralelamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene diálogos con gobernadores y bloques aliados para asegurar el respaldo necesario.
La reforma fue presentada semanas antes de las elecciones y ratificada posteriormente como una de las prioridades legislativas del Gobierno para el cierre del año parlamentario.
Transformaciones en el funcionamiento del sistema penal
Si el Congreso avala el proyecto, se endurecerán las penas para delitos graves y se modificarán criterios históricos del sistema judicial. Entre los principales cambios se destacan:
- Mayor protagonismo de los fiscales bajo el sistema acusatorio.
- Reorganización de los procesos penales.
- Alteraciones en el régimen de menores imputables.
Con estos ajustes, el oficialismo espera establecer un marco penal más rígido y eficiente
