A finales de enero, los productores de yerba mate en San Pedro, Misiones, tomaron la drástica decisión de suspender temporalmente la cosecha, desencadenando posteriormente manifestaciones con tractores tanto en dicha localidad como en Andresito. Este evento evocó los recuerdos de las movilizaciones de 2002, cuando vehículos rurales ocuparon el centro de Posadas, exigiendo el restablecimiento de un organismo público para regular los precios de la cadena, después de la desregulación de los años ’90.
En San Pedro, situada en el centro-norte de Misiones, los tractores bloquearon la Ruta Nacional 14 antes de llegar a la ciudad. En Andresito, en el extremo norte de la provincia, la marcha se llevó a cabo en la Ruta Provincial 19. La consigna principal era elevar el precio del kilo de hoja verde de yerba mate, el componente fundamental del producto, de $240 (establecido desde diciembre de 2023) a $505.
De concretarse este movimiento, el ajuste de precios podría tener repercusiones directas en los estantes de los supermercados. Históricamente, el consumidor final pagaba alrededor de 5 veces más de lo que recibía el productor primario. No obstante, en la actualidad, esta brecha ha aumentado a entre 10 y 12 veces, considerando que un paquete de un kilo de yerba se comercializa a casi 3 mil pesos.
Los pequeños productores misioneros sostienen que el incremento que buscan no debería afectar al precio final y argumentan que la industria y los comerciantes se adelantaron, evitando la necesidad de trasladar el ajuste al primer eslabón de la cadena. Pero en caso de no concretarse y mantenerse la proporción actual, los consumidores podrían enfrentarse a la posibilidad de desembolsar entre 5 y 6 mil pesos por kilo.
Tradicionalmente, el INYM era el foro de discusión para este tipo de reclamos, pero el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei le retiró esa capacidad. La atención se centra ahora directamente en las autoridades nacionales. Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, arribó a Posadas para abordar el tema y ofreció una interpretación peculiar del DNU, asegurando que hasta que no se reglamente, no está en vigencia, permitiendo al INYM regular los precios de la cadena yerbatera.
Pazo garantizó que será el Instituto quien establecerá los nuevos valores de la hoja verde y la yerba canchada. En caso de no alcanzar un acuerdo, el Gobierno nacional intervendría para fijar los valores. Desautorizó la información sobre la designación de Daniel Notta como responsable del organismo, aclarando que esta aún no está confirmada.
La cadena productiva en su totalidad aguarda con expectación los resultados de las gestiones de Pazo en Buenos Aires. En caso de cumplir con lo prometido, se evitarían nuevas protestas. De lo contrario, los productores podrían regresar a la ruta en señal de descontento.
