El cuerpo sin vida de Flora Inés Moyano, de 60 años, fue encontrado este fin de semana en una zona de pastizales de Las Heras, Mendoza. La mujer presentaba golpes y otras lesiones. La Justicia investiga a su ex pareja, quien tiene antecedentes por delitos graves y cumplía condena con salidas transitorias.
El hallazgo ocurrió en una zona descampada cercana a una papelera, sobre la calle Junín entre Pedro Pascual Segura y Manuel A. Sáez, en la localidad mendocina de Las Heras.
Fue un grupo de efectivos policiales quienes, durante un recorrido por la zona, notaron un bulto cubierto por maleza. Al acercarse, confirmaron que se trataba del cadáver de una mujer. Posteriormente, la víctima fue identificada como Flora Inés Moyano, de 60 años.
Horas antes, los familiares de Moyano habían radicado una denuncia por averiguación de paradero. Informaron que la mujer había salido el sábado por la mañana con destino a un encuentro con su ex pareja, tras lo cual no tuvieron más noticias de ella.
A raíz del hallazgo, intervino el fiscal Carlos Pirrello, quien ordenó el trabajo en el lugar de la Policía Científica y la División de Homicidios para realizar las pericias.
La principal hipótesis apunta a su ex pareja, Walter Molina Corvalán, como sospechoso del crimen.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que Molina Corvalán posee un extenso prontuario penal:
- Condena por abuso sexual con acceso carnal
- Amenazas y robo agravado
- Actualmente cumplía condena con salidas transitorias y estaba controlado mediante una pulsera electrónica
En sus redes sociales, la ministra expresó su indignación:
“Un abusador, reincidente y ahora femicida con salidas transitorias pese a los informes técnicos negativos. Una víctima que no fue protegida”, escribió en X.
También remarcó la necesidad de mayor firmeza judicial:
“A esto nos referimos cuando exigimos rigor a la Justicia… y garantismo para la víctima.”
El crimen de Flora Moyano reabre el debate sobre los beneficios judiciales otorgados a condenados por delitos sexuales. La investigación se encuentra en curso, pero el caso ya generó un fuerte repudio social e institucional por la presunta falta de controles efectivos y la revictimización de mujeres vulnerables.
