El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, advirtió que la eventual aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría abrir un nuevo y prolongado frente judicial, con revisiones que podrían extenderse durante meses o incluso años.
Rosatti explicó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es “difuso”, lo que habilita a “cualquier juez” a declarar la invalidez de una ley. Ese esquema, señaló, podría generar una suspensión práctica de la reforma en distintos juzgados del país.
El magistrado sostuvo que, si bien la jurisprudencia de la Corte puede eventualmente ordenar los fallos contradictorios, ese proceso “lógicamente lleva su tiempo”, lo que implica una acumulación de decisiones dispares antes de alcanzar una unificación de criterio.
Antecedentes: la Ley Bases y un fallo aún pendiente
En una entrevista con Perfil, Rosatti recordó que este escenario ya ocurrió con un tramo de la reforma laboral incluida en la Ley Bases, declarada inconstitucional por un juez del fuero laboral y aún pendiente de resolución definitiva por parte del máximo tribunal.
En ese marco, remarcó que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten de la doctrina de la Corte: “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore una cláusula que obligue a los tribunales inferiores a acatar de inmediato los fallos de la Corte, Rosatti señaló que los legisladores “como poder podrían” hacerlo, pero advirtió que esa norma también sería cuestionada y terminaría en el propio tribunal para evaluar su constitucionalidad.
El 60% de las causas: un problema estructural
El presidente de la Corte expuso además el impacto práctico del sistema actual: “El 60% de las causas que resolvemos provienen del Estado, que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”. Si ese volumen se redujera, añadió, el tribunal no tendría que “decir siempre lo mismo”.
Para Rosatti, el problema excede lo ideológico y exige una solución funcional que evite que reformas estructurales, como la laboral, queden “atrapadas en un limbo judicial prolongado”.
