Gobernadores de todo el país anunciaron la elaboración de un proyecto para que el Estado Nacional redistribuya el dinero recaudado por el impuesto a los combustibles directamente a las provincias. La propuesta central radica en la eliminación de dos fondos fiduciarios a los que actualmente se destina este importante caudal de recursos.
Composición del impuesto a los combustibles y millonaria recaudación proyectada
De acuerdo con la Ley Nacional, un 28,5% del impuesto a los combustibles líquidos debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. De este porcentaje, la mitad de ese monto, a su vez, debe ser asignado a Vialidad Nacional para la ejecución de obras en la red vial del país. Sin embargo, la percepción provincial es que estos fondos no siempre se traducen en las obras prometidas en sus territorios.
En 2024, el Estado Nacional recaudó, por este concepto, la asombrosa cifra de 2,5 billones de pesos. De este total, el Fideicomiso de Infraestructura del Transporte recibió 619 mil millones de pesos, según un informe publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en enero de este año. Para 2025, las proyecciones indican un incremento aún mayor en la recaudación: alcanzaría los 5,5 billones de pesos.
Este aumento se explica, en parte, por los ajustes mensuales en el precio de los combustibles. El economista Norberto Itzcovich detalló que “todos los meses aumenta la nafta, el uno o el dos por ciento; buena parte de ese aumento es por el incremento del impuesto a los combustibles”.
El reclamo de las provincias: Coparticipación de fondos y crítica a la falta de obras
Con el proyecto, los mandatarios provinciales solicitan que ese dinero, que no se traduce en obras viales ejecutadas por la Nación, se destine directamente a las provincias. Proponen un reparto similar al esquema de coparticipación federal.
“Las provincias dicen: ¨si no vas a hacer obra pública, pasame la parte que nos corresponde a las provincias y nosotros la usamos para obra pública o para otra cosa¨. Y que se reparta de acuerdo a las proporciones de la Ley de Coparticipación”, graficó Itzcovich.
El economista especificó que se trata de un reclamo que varias provincias sostienen desde hace meses, pero que hasta el momento no ha encontrado eco en el Gobierno central. La situación se volvió más urgente con la caída de la Coparticipación en términos reales, lo que ha generado un fuerte impacto en las finanzas de cada jurisdicción.
«Curro» de los fondos fiduciarios y bajas chances de prosperar
La propuesta de los gobernadores encuentra un punto de conexión con la postura del propio Gobierno de Javier Milei, que busca terminar con todos los fondos fiduciarios bajo el argumento de que representan un «curro». En ese contexto, las provincias ven una oportunidad para que parte de ese dinero se redireccione a sus arcas.
Aunque el documento cuenta con la firma de 21 gobernadores, incluido Claudio Poggi de San Luis, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Itzcovich consideró que el supuesto proyecto tiene pocas probabilidades de prosperar en el ámbito legislativo. “Esto tiene que ser tratado por el Congreso y hay que ver si todos los gobernadores estarán de acuerdo. En realidad, parece más un fulbito para la tribuna”, sentenció el economista,
Además, Itzcovich analizó que el dinero que el Estado recaudó y no destinó a las obras viales, como establece la Ley, sirvió para lograr el “superávit primario” que celebra la administración libertaria. Esta observación pone en perspectiva el uso de estos fondos en el marco de la política económica actual.
Por otro lado, el economista cuestionó que el gobierno de San Luis se muestra cercano a Milei sin obtener ningún beneficio. “Algunas provincias como Salta y Corrientes apoyan al gobierno nacional y recibieron, no más fondo de Coparticipación, pero sí Aportes del Tesoro Nacional; pero otras como San Luis lo apoyan gratis, porque no recibe ni un peso”, completó.
