La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace, impulsan una demanda colectiva para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares que el Congreso aprobó esta semana .
La iniciativa busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma. Considera que pone en riesgo el abastecimiento de agua para gran parte del país. Las organizaciones convocan a la ciudadanía a sumarse a través del sitio web https://landing.infogreenpeace.org/accion-colectiva-por-lo-glaciares.
El lobby minero detrás de la reforma
José Luis Ramón, diputado provincial de Mendoza e integrante de la ONG Protectora, señaló que la modificación de la normativa surgió a partir del lobby «de cinco o seis banqueros que son dueños de sociedades anónimas que pretenden explotar la minería a cielo abierto sin ningún tipo de restricción».
El legislador cuestionó a los gobernadores de Salta, Entre Ríos y Mendoza, que defienden la reforma argumentando que los ambientalistas frenan el desarrollo económico. «Eso es una gran mentira» , sostuvo Ramón.
«La postura de los sectores que se oponen a la norma resalta la importancia de tener reservas de agua dulce con posibilidad de potabilizarla para el consumo humano» , explicó. En ese sentido, detalló que la explotación minera se concretaría con socavones que eliminarán para siempre los periglaciares.
Los votos de San Luis
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, recibió el miércoles la aprobación definitiva de Diputados. Los representantes puntanos que votaron a favor fueron Claudio Álvarez (Innovación Federal), Mónica Becerra y Carlos Almena (La Libertad Avanza).
Una adhesión récord
En las primeras 12 horas de lanzada la convocatoria, la demanda colectiva sumó más de 300 mil adhesiones, superando todas las expectativas . La campaña busca reunir más de un millón de firmas para presentar una acción judicial de escala inédita en el país.
