La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, formalizó este jueves la investigación penal preparatoria contra cinco exfuncionarios provinciales por presuntas maniobras fraudulentas en la celebración de contratos para obras públicas que nunca se concretaron.
La fiscalía considera que existió un “modus operandi” reiterado, que incluía la firma de convenios, el desembolso de fondos millonarios y la posterior rescisión de contratos sin ejecución de tareas ni rendiciones de cuenta.
Imputaciones
Fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público:
- Luciano Anastasi y Claudio Latini, exministros de Seguridad.
- Ernesto Alí, exintendente de La Toma y actual diputado nacional.
- Jeremías Vivas, exintendente de San Francisco del Monte de Oro.
- Mario Canali, exintendente de Cortaderas.
La acusación sostiene que, durante su gestión como ministro, Anastasi firmó convenios con intendentes para realizar refacciones en dependencias de seguridad, con anticipos de hasta el 40% del monto total adjudicado. Sin embargo, la fiscal Maluf indicó que los fondos transferidos superaron lo estipulado, sin que se iniciaran las obras.
Posteriormente, ya bajo la gestión de Latini, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo”, pese a que los fondos ya se habían entregado. Informes técnicos de 2023 y 2024 constataron que las obras no se realizaron y que las dependencias permanecen abandonadas.
Medidas cautelares
La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas de coerción para los imputados, a excepción de Alí por su condición de legislador nacional:
- Firma periódica en fiscalía (del 1 al 10 de cada mes) durante 120 días.
- Prohibición de salir de la provincia por cuatro meses.
- Inhibición general de bienes y prohibición de contratar con el Estado por el mismo plazo.
Reacciones y defensas
Luciano Anastasi calificó el proceso como una “persecución política” orquestada por el actual gobernador y afirmó que actuó conforme a derecho. Rechazó las medidas cautelares y aseguró que necesita viajar por motivos familiares y laborales.
Ernesto Alí negó las acusaciones y aseguró que las obras fueron realizadas. Calificó el caso como un “escándalo político” y anunció que pedirá al gobernador Claudio Poggi como testigo. Su abogado, Nedo Gómez, señaló que la imputación carece de sustento legal.
Claudio Latini, a través de su defensor Cristóbal Ibáñez, sostuvo que no se configura el delito de fraude y cuestionó la parcialidad en las imputaciones. Afirmó que no existió “modus operandi” ni perjuicio al Estado.
Por su parte, la defensora de Jeremías Vivas, Estrella Marín, remarcó que no hubo disposición irregular de fondos ni enriquecimiento personal. Sostuvo que el caso no debería ser tratado en el fuero penal, ya que se trata de cuestiones administrativas.
La causa continúa en etapa de investigación preliminar. La jueza Banó aclaró que las imputaciones son provisorias y que las pruebas serán evaluadas en un eventual juicio oral.
