La fiscal adjunta N° 4, Antonella Romagnoli, formuló cargos este jueves contra dos jóvenes de 20 años por un hecho ocurrido el 28 de octubre al mediodía en la ciudad de San Luis, relacionado con el robo de una motocicleta que luego fue ofrecida a la venta por WhatsApp.
Según la investigación, los imputados presuntamente sustrajeron una moto marca Corvette Energy 110 cc, color azul, que se encontraba estacionada en el barrio Ignacio Vidal. La propietaria del rodado radicó la denuncia en la Comisaría Segunda, luego de que su hijo detectara en un grupo cerrado de la red social, llamado Colgando-SL, una publicación en la que se ofrecían “partes de una 110 nueva”.
Las pericias permitieron vincular el número telefónico utilizado para la venta con una cuenta de billetera virtual a nombre de Gabriel Molina Suárez, quien fue localizado junto a su pareja en un domicilio de la ciudad.
Ese mismo día, un amigo del hijo de la denunciante se comunicó con el presunto vendedor, quien ofreció la motocicleta completa por 250 mil pesos, pactando un encuentro en el barrio 1° de Mayo, en la zona de la plaza. Con esta información, efectivos policiales se dirigieron al lugar y, al recorrer la colectora norte de la Ruta 147, divisaron dos motocicletas: una azul, con características coincidentes con la denunciada, y otra roja conducida por un hombre y una mujer.
Al intentar interceptarlos, los sospechosos emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución policial que culminó pocos minutos después con la detención de ambos jóvenes y la recuperación del vehículo robado. La víctima reconoció la moto como propia, aunque sin chapa patente, sin espejos y con el tambor de arranque dañado.
La fiscal Romagnoli señaló que las pruebas recolectadas —entre ellas denuncias, actas policiales, capturas de pantalla, testimonios e informes periciales— permiten sostener que Molina Suárez y Fabián Funes actuaron en conjunto. Por ello, el Ministerio Público Fiscal les imputó el delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal) en calidad de coautores (art. 45), y a Molina Suárez, además, el delito de encubrimiento con ánimo de lucro (art. 277 inc. 3° b).
Como medidas coercitivas, la fiscal solicitó que ambos imputados firmen el libro de control del 1 al 10 de cada mes durante cuatro meses, que se les prohíba salir de la provincia y se imponga una restricción de acercamiento hacia la denunciante y su familia por 120 días.
Los imputados se abstuvieron de declarar y fueron asistidos por la Defensora Oficial en lo Penal, Stefania Cifuentes, quien no objetó el pedido fiscal. Finalmente, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, hizo lugar a las medidas solicitadas por el término de cuatro meses, mientras continúan las diligencias, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y de los teléfonos secuestrados.
