La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 imputó a Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por los presuntos delitos de peculado y fraude contra la administración pública en perjuicio del Estado provincial. La formulación de cargos se realizó este lunes en una audiencia llevada a cabo en el Juzgado de Garantía N° 3, a cargo del juez Marcos Flores Leyes.
Según la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del Ministerio de Producción de la provincia de San Luis. La Fiscalía sostiene que durante ese período se realizaron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux asignada a esa cartera.
Sin embargo, el vehículo fue hallado en diciembre de 2023 en el domicilio de Balbo, en estado de abandono, con daños significativos y el motor desmontado. Para la acusación, esta situación indicaría que la camioneta no estaba en funcionamiento mientras continuaban registrándose cargas de combustible a su nombre.
De acuerdo con el sistema de control de combustible del Gobierno provincial, Balbo figuraba como chofer en todas las cargas. La Fiscalía afirmó que el combustible no habría sido destinado al rodado oficial, sino desviado para usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de pesos.
En cuanto a las responsabilidades, la fiscal sostuvo que Amitrano, en su carácter de Ministro, tenía a su cargo la administración y control de los recursos y vehículos oficiales; que Anzulovich, como secretario de Transporte, contaba con competencia directa sobre la flota vehicular; y que Balbo habría intervenido de manera directa en la utilización del vehículo y en las cargas.
La Fiscalía adelantó que restan pericias contables e informes para determinar con precisión el monto del perjuicio y la posible participación de otras personas. Además, solicitó como medidas cautelares la firma periódica del libro de imputados, la prohibición de salida del territorio y la inhibición general de bienes. La Fiscalía de Estado adhirió a la acusación y ratificó la denuncia que originó la causa.
Las defensas, por su parte, cuestionaron la imputación. Los representantes de Amitrano y Anzulovich señalaron que la acusación sería genérica y que no se describen conductas concretas ni se acreditaría dolo o beneficio personal. En el caso de Balbo, su abogado manifestó oposición y anticipó que desarrollará sus argumentos en la etapa procesal correspondiente.
Finalmente, el juezFlores Leyes resolvió tener por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía, ordenar la firma del libro por cuatro meses, disponer la prohibición de salida del país por el mismo plazo y decretar la inhibición general de bienes de los tres imputados mientras avance la investigación.
