El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, formuló cargos contra Nicolás Pérez, un hombre de 39 años acusado de cometer 19 estafas en concurso real, que habrían generado un perjuicio económico superior a 100 millones de pesos.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Pérez habría montado entre fines de 2024 y enero de 2026 una red de estafas bajo la modalidad de esquema Ponzi, mediante la cual captaba dinero de inversores con la promesa de obtener altos rendimientos a partir de supuestas operaciones de compra e importación de teléfonos de la marca Apple.
La acusación fue presentada este viernes en una audiencia realizada ante el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Mointiveros Chada, quien escuchó los argumentos de las partes.
Cómo habría funcionado la maniobra
Durante la audiencia, el fiscal explicó que la operatoria presentaría las características típicas de una estafa piramidal, en la que los primeros inversores reciben supuestas ganancias financiadas con el dinero aportado por nuevas víctimas, un sistema que termina colapsando cuando dejan de ingresar fondos.
De acuerdo con la teoría fiscal, el imputado se ganaba la confianza de las víctimas —muchas de ellas clientes o conocidos de la barbería donde trabajaba— y luego las convencía de entregarle importantes sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, mediante transferencias o en efectivo.
El Ministerio Público señaló que, si bien al principio habría cumplido con algunos pagos para sostener la maniobra, hacia fines de 2025 dejó de responder a los reclamos y posteriormente se trasladó a la provincia de Córdoba, quedándose con el dinero invertido.
Pedido de prisión preventiva
Por estos hechos, la Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva, al considerar que existe riesgo de fuga —debido a que el acusado abandonó la provincia y habría cortado el contacto con las víctimas— y la necesidad de resguardar la investigación, que incluye pericias contables e informes de entidades financieras para determinar el monto total del perjuicio económico.
Sin embargo, el juez Montiveros Chada rechazó el pedido, al entender que no se acreditaron de manera suficiente riesgos procesales que justifiquen la privación de la libertad. Entre los fundamentos, señaló que el imputado se presentó a la primera citación judicial, no registra incumplimientos previos y parte de la evidencia ya se encuentra incorporada a la causa.
Medidas alternativas
No obstante, el magistrado dispuso medidas menos gravosas para asegurar el desarrollo del proceso. Entre ellas, la prohibición de salida del país por 120 días, plazo previsto para la investigación penal preparatoria.
Además, se habilitó la posibilidad de fijar una caución real mediante el embargo de un inmueble, que debería formalizarse ante el juzgado con la intervención del titular del bien. Según se indicó en la audiencia, el inmueble correspondería a una vivienda propiedad del padre del imputado en la provincia de Córdoba.
Tras la decisión judicial, la Fiscalía apeló la resolución, por lo que el caso será revisado por el Tribunal de Impugnación.
Las presuntas víctimas
Hasta el momento, la Fiscalía identificó 19 hechos de estafa. Las víctimas habrían entregado desde pequeñas sumas hasta montos millonarios en pesos y dólares.
Entre los casos más relevantes se mencionan personas que habrían invertido millones de pesos, vehículos, celulares e incluso todos sus ahorros, confiando en las promesas de rentabilidad vinculadas al supuesto negocio de importación de teléfonos.
La calificación legal
La imputación de “estafa reiterada en 19 oportunidades, todas en concurso real” implica que se investigan 19 hechos independientes, cada uno correspondiente a una presunta maniobra fraudulenta distinta.
El delito está previsto en el artículo 172 del Código Penal argentino, que sanciona a quien engaña a otra persona para que entregue dinero o bienes, generándole un perjuicio económico.
La postura de la defensa
El imputado se abstuvo de declarar durante la audiencia. Su defensor, Cristian Galgano, solicitó que se rechazara la prisión preventiva al sostener que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El abogado explicó que Pérez no se fugó, sino que se trasladó a la ciudad de San Francisco por cuestiones personales vinculadas a su salud. Según indicó, el hombre estuvo internado en un hospital de San Luis y luego fue retirado por su padre debido a presuntas amenazas recibidas en ese lugar.
