En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 1, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la formulación de cargos contra Ricardo André Bazla, ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión, como presunto autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según expuso la Fiscalía, la investigación se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia vinculada a presuntas irregularidades en un campo de 1997 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial N° 27, conocido como “El Caburé”.
El fiscal Leandro Estrada sostuvo que se realizaron actos de disposición de la cosecha sin respetar los procedimientos administrativos establecidos, lo que habría generado un perjuicio al Estado provincial. En ese sentido, indicó que se habrían vulnerado normas previstas en la Ley de Contabilidad en relación con las contrataciones.
De acuerdo a la acusación, tras la recuperación del campo por parte del Gobierno provincial en 2024, el imputado habría intervenido en contrataciones para la cosecha de maíz sin cumplir con los mecanismos legales correspondientes, alterando la situación patrimonial del predio.
Durante la audiencia, los querellantes, representados por los abogados Pascual Celdrán y Viano, solicitaron ampliar la imputación e incorporar delitos como falsedad ideológica, estafa procesal, abuso de autoridad, peculado y hurto, al considerar que existió una continuidad de conductas delictivas.
Por su parte, la defensa de Bazla, encabezada por Gustavo Reviglio y Rivadera, rechazó las acusaciones de las querellas y planteó la nulidad de lo actuado por supuesta vulneración del derecho de defensa, argumento que fue desestimado por el juez interviniente.
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió admitir de manera provisoria todos los cargos solicitados, incluyendo defraudación, falsedad ideológica, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado y hurto.
En cuanto a las medidas cautelares, el juez dispuso la obligación de firmar periódicamente, laprohibición de salida del país y de contacto con personas vinculadas a la causa, así como la restricción de ingreso a dependencias oficiales, entre ellas la Casa de Gobierno, salvo autorización judicial.
