La investigación sobre el desvío de fondos para combustibles en la Policía de Rosario avanza rápidamente. La próxima semana, se imputarán a 20 detenidos, incluidos varios altos mandos de la fuerza. La causa, que comenzó por una denuncia anónima, involucra una malversación estimada en 45 millones de pesos.
La justicia de Rosario está a punto de dar un paso importante en el caso por el desvío de fondos destinados a combustibles dentro de la Policía local. Según el fiscal José Luis Caterina, encargado de la Oficina de Violencia Institucional, la semana que viene se presentarán las imputaciones contra los 20 detenidos, entre los que se encuentran tres jefes de la fuerza. Los cargos se centran en la malversación de recursos públicos y el perjuicio al Estado, que supera los 45 millones de pesos.
La investigación, que se inició en mayo del año pasado tras una denuncia anónima, fue apoyada por la Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Según Caterina, “se roba al Estado hablando mal y pronto”, al referirse a la magnitud del fraude.
Entre los detenidos, figuran miembros de diversas divisiones de la Policía de Rosario, tales como el Cuerpo Guardia de Infantería, el Comando Radioeléctrico y la División Logística, así como varios jefes de distintas áreas. Entre los nombres mencionados, se destacan subinspectores, comisarios e inspectores de diferentes brigadas.
Además, se incluyen empleados vinculados a la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se ejecutaron las maniobras fraudulentas. La estación era operada por la empresa Gas Auto Tiferno, que, según el fiscal, aprovechó el aumento de vehículos para inflar los consumos de combustible.
En respuesta a los hechos, el Gobierno provincial llevó a cabo 38 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos la estación de servicio y domicilios particulares. También se realizaron operativos en el despacho del entonces jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, quien fue removido de su cargo, aunque no figura entre los imputados.
El comisario retirado Claudio Romano fue designado como interventor de la Policía de Rosario para asumir un período inicial de tres meses. Durante este tiempo, se espera que se continúen las investigaciones y que la unidad recupere la confianza de la comunidad.
El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó la gravedad del caso, haciendo hincapié en que esta red de corrupción no solo afecta a la administración pública, sino también a la seguridad ciudadana. «Esto es un daño directo a la seguridad pública, algo tan sensible como el funcionamiento de la policía», expresó Cococcioni en conferencia de prensa.
El fiscal Matías Merlo, por su parte, recalcó que el caso revela cómo dentro de la estructura policial se organizaron para desviar fondos que deberían haber sido destinados a la carga de combustible de patrulleros. El perjuicio al Estado es claro, y los implicados aprovecharon sus atribuciones para enriquecerse a costa del erario público.
