El Ministerio Público Fiscal imputó a Cristian Javier Díaz por el presunto delito de lesiones graves en perjuicio de Carlos Miranda, durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Luciana Banó.
La acusación fue formulada por la fiscal adjunta Ornella Costa, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 2. Según lo expuesto, el hecho ocurrió el 25 de diciembre de 2025, alrededor del mediodía, en el barrio 208 Viviendas de la ciudad de San Luis.
De acuerdo con la investigación fiscal, el conflicto se habría originado luego de que la víctima reclamara al imputado la devolución de una suma de dinero vinculada a la supuesta venta de un televisor. Tras intercambiar mensajes, Carlos Miranda se dirigió al domicilio de Díaz para exigir el pago, momento en el que se produjo una discusión.
Siempre según la acusación, en ese contexto Díaz habría utilizado un arma blanca y le provocó a Miranda una herida cortopunzante en el abdomen que comprometió la cavidad abdominal. Luego del ataque, la víctima quedó tendida en la vía pública y el agresor se dio a la fuga.
Vecinos del lugar alertaron al sistema de emergencias 911 y personal policial acudió al sitio, solicitando asistencia médica. Miranda fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
El 27 de diciembre, la médica forense del Superior Tribunal de Justicia, Patricia Gallardo, constató las lesiones y determinó que se trataban de lesiones graves. Hasta el momento, la víctima no pudo ser entrevistada debido a que se encuentra entubada y bajo coma farmacológico.
En ese marco, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas de coerción, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia, la prohibición de salida de la provincia y la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno familiar, teniendo en cuenta que ambas partes residen en el mismo barrio.
La defensa, ejercida por el abogado Ricardo Gutiérrez Esley, no se opuso al pedido fiscal. Finalmente, la jueza Banó formalizó la investigación penal preparatoria y dispuso la aplicación de las medidas solicitadas, que regirán por distintos plazos.
