El fiscal de Instrucción N° 1 de la ciudad de San Luis, Francisco Assat, imputó al médico Luis Marsicano por homicidio culposo en perjuicio de Miriam Jiménez, una mujer de 38 años que falleció en mayo de 2020 en el Hospital Ramos Mejía.
Un informe del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial confirmó que la causa de muerte fue una peritonitis aguda, consecuencia directa de la cirugía de apendicitis realizada semanas antes por el imputado.
En la audiencia de formulación de cargos, que fue este miércoles, el Ministerio Público Fiscal pidió como medidas cautelares la firma periódica en Fiscalía y la prohibición de salir de la provincia, ambas por 90 días. La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo, dio por formulados los cargos y aceptó las medidas solicitadas.
El caso
Además, el fiscal detalló que Jiménez fue intervenida el 18 de abril de 2020 y recibió el alta médica dos días después. A pesar de los intensos dolores que persistieron, el 24 de abril regresó a la guardia, donde le suministraron medicamentos y volvió a su casa.
Desde ese momento, el médico realizó controles a distancia, solicitandole fotos de la herida e indicandole que los síntomas eran normales. Sin embargo, el malestar se intensificó.
El 3 de mayo, la paciente fue internada de urgencia y derivada luego a terapia intensiva. Su estado empeoró y el 7 de mayo falleció. El acta de defunción señaló como causa un shock cardiogénico irreversible, pero la autopsia determinó que la muerte ocurrió por peritonitis no tratada a tiempo.
Assat sostuvo que hubo una relación directa entre la falta de controles adecuados y el desenlace fatal, al no cumplirse con los deberes profesionales mínimos. En la audiencia, citó de forma textual que Jiménez recurrió varias veces al sanatorio con dolor y que solo le indicaron calmantes y antiespasmódicos sin examinarla.
Por su parte, Luis Marsicano no declaró. Su abogado defensor, Omar Uría, argumentó que el caso se inició bajo el anterior Código de Procedimiento Penal, y que la aplicación del nuevo Código, vigente desde 2022, podría vulnerar garantías constitucionales. Solicitó la extinción de la acción penal, alegó que se superó el plazo de tres años previsto por la normativa transitoria.
La causa seguirá su curso bajo supervisión judicial, mientras se evalúan los planteos de ambas partes.
