La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA presentó este martes su informe final en el Congreso, donde legisladores de la oposición denunciaron una presunta estafa, señalaron responsabilidades del presidente Javier Milei y acusaron al Poder Judicial de frenar la investigación. El documento, elaborado tras meses de trabajo parlamentario, recomienda evaluar si el mandatario incurrió en mal desempeño.
Cómo se elaboró el informe y quiénes participaron
En la sala 1 del Anexo A, diputados de distintos bloques aprobaron el informe final tras analizar diez cuerpos de documentación técnica. El texto fue redactado por Juan Marino, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Fernando Carbajal, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, con aportes de Itaí Hagman y Julia Strada.
Uno de los legisladores sintetizó el objetivo: dejar asentadas las conclusiones políticas y los elementos centrales detectados durante la investigación.
Un patrón previo: antecedentes en KIP Protocol, Vulcano y CoinX
El informe sostiene que la operatoria de $LIBRA no fue un caso aislado. Según los diputados, existen antecedentes similares en:
- La criptomoneda de KIP Protocol lanzada en diciembre de 2024.
- Las plataformas Vulcano y CoinX.
En todos los casos aparecen vinculados los nombres de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y, según el documento, el propio presidente Milei, ya sea en roles de promoción, intermediación o impulso público.
Las responsabilidades atribuidas al Gobierno
El tuit presidencial como punto de quiebre
La interpelación al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue central. En su exposición del 30 de abril, reconoció que no existió consulta técnica ni jurídica previa al tuit presidencial que promocionó el token.
Para la Comisión, esa omisión configura una violación a la Ley de Ética Pública y revela la ausencia de controles institucionales.
Funcionarios señalados
El informe atribuye incumplimiento de deberes a:
- Alejandro Melik
- Florencia Zicavo
- Mariano Cúneo Libarona
- Paulo Starc
- Roberto Silva
Todos ellos fueron citados, pero no se presentaron ante la Comisión, hecho que los diputados calificaron como “falta total de cooperación”.
Una presunta estafa: números y mecanismos
Pérdidas masivas y ganancias concentradas
El diputado Juan Marino calificó la operatoria como “una estafa planificada”. Según los informes técnicos citados:
- El 80% de las billeteras perdió dinero.
- Solo un grupo mínimo obtuvo ganancias millonarias.
Exchanges internacionales y datos de Ripio indican que:
- 114.410 billeteras registraron pérdidas.
- 1.329 argentinos compraron el token.
La conducta del precio —suba extrema seguida de un desplome en minutos— coincide con el patrón del rug pull, una estafa basada en inflar un activo y abandonar el proyecto tras retirar fondos.
Tensiones con el Poder Judicial
Acusaciones contra Martínez de Giorgi y Taiano
Uno de los capítulos más duros describe la actuación del juez Marcelo Martínez de Giorgi como “obstruccionista”. Los diputados señalan que:
- Negó acceso al expediente.
- Rechazó medidas de prueba claves.
- No avanzó contra Novelli y Terrones pese a indicios de movimientos tras el congelamiento de activos.
Por estas acciones, la Comisión solicitó un jury de enjuiciamiento tanto para el juez como para el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de acompañar las negativas.
Este lunes, miembros de la Comisión entregaron nueva documentación en la Fiscalía Nº 3 vinculada a posibles pagos indirectos a funcionarios.
La jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, afirmó en una resolución que los US$ 57,5 millones congelados “podrían pertenecer” a Javier Milei, su hermana Karina o Hayden Davis. Para los diputados, esta mención generó un daño reputacional inmediato para Argentina en litigios internacionales.
Tres ejes de conclusiones: político, legislativo y judicial
Eje político
La Comisión recomienda que el Congreso evalúe si Milei incurrió en mal desempeño, al considerar probado que utilizó su investidura para promover un proyecto financiero privado y omitió consultas obligatorias a organismos técnicos.
Eje legislativo
Sugiere reformas en:
- Ley de Ética Pública
- Registro de audiencias
- Regulación de proveedores de activos virtuales
- Funcionamiento de la CNV
- Uso institucional de redes sociales
Además, propone crear una Oficina de Investigaciones del Congreso para fortalecer el control político sin depender del Ejecutivo ni del Poder Judicial.
Eje judicial
El informe plantea:
- Remitir el expediente a los organismos judiciales que llevan la causa.
- Avanzar con denuncias penales contra los funcionarios señalados.
- Continuar todas las vías procesales disponibles hasta tribunales superiores.
La reacción del oficialismo
Desde La Libertad Avanza cuestionaron la validez del informe. El diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que:
- No hubo peritos sino “especialistas”.
- La Justicia negó fuerza pública porque “no es tarea de la Comisión”.
- Se están “vulnerando garantías constitucionales”.
Calificó la investigación como un “delirio” y un “capricho” de la oposición.
