Pedro Sposetti, directivo del Centro Educativo Terapéutico Vita de San Luis, expresó su preocupación por la profunda crisis que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad. Y aseguró que la situación no es nueva, pero que “se volvió insostenible” debido al congelamiento de aranceles y la falta de diálogo con el Estado.
“Esta protesta ya viene desde hace varios gobiernos atrás, pero ahora se está volviendo cada vez más difícil sostener los centros, los salarios, el transporte y los servicios básicos”, explicó.
Sin actualización de aranceles ni respuestas
El principal reclamo de las instituciones gira en torno a la falta de actualización del nomenclador nacional, que define los valores que deben recibir los centros y profesionales por los servicios prestados.
“Los aranceles están totalmente estancados. No hay diálogo, no hay actualización. Eso genera un desfinanciamiento total que no va a poder soportar nadie”, denunció Sposetti.
También criticó que el Gobierno nacional vetara la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso, calificando el gesto como “una crueldad innecesaria” y “una decisión cínica que golpea a las familias más vulnerables”.
Servicios en riesgo y deuda acumulada
Sposetti advirtió que muchos centros ya enfrentan graves dificultades económicas, con pagos que suelen realizarse a tres o cuatro meses y, en algunos casos, con retrasos de hasta seis meses.
“Nosotros hemos tenido que aguantar hasta seis meses para cobrar. Pagamos viandas, profesionales, transporte… todo a pulmón. En Vita, por ejemplo, se hacen 150 viandas por día, entre alumnos y personal”, describió.
Profesionales mal remunerados
La crisis también afecta a los trabajadores del sector. “Hoy te deja más plata manejar un Uber que ser licenciado en kinesiología y atender a un chico con parálisis cerebral”, denunció Sposetti, evidenciando la precarización de una tarea altamente especializada y esencial.
“Los profesionales que trabajan en estos centros son verdaderos héroes. Siguen poniéndole el cuerpo, a pesar de cobrar una miseria”, dijo.
Problemas estructurales y falta de representación local
En cuanto a los mecanismos de financiamiento, explicó que la mayoría de las personas con discapacidad tienen cobertura de Incluir Salud, dependiente del Estado nacional. Otras están bajo obras sociales provinciales como Dosep o privadas, pero todas siguen los valores del nomenclador nacional.
Además, señaló la ausencia de una oficina provincial con capacidad para gestionar o representar adecuadamente los reclamos ante Nación: “En San Luis no existe un canal formal para que las instituciones hagan un reclamo con respuesta efectiva. Todo se maneja por mail o teléfonos que muchas veces ni contestan”.
Convocatoria a la marcha
Las instituciones, familias, profesionales y concurrentes convocan a una marcha pacífica para este miércoles las 16:00 en plaza Pringles, en el centro de la ciudad capital. También participarán jubilados, en reclamo conjunto por mejores condiciones de vida.
“Nos unimos todos los que formamos parte de este universo. Vamos a salir a la calle para decir ‘basta’. No se trata de caprichos, sino de derechos fundamentales que nos están quitando”, cerró Sposetti.
