La causa que investiga un presunto fraude a las rentas públicas fue remitida a la Fiscalía Federal por el fiscal de Instrucción N.º 3 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina. El caso involucra a Blanca Esther Provenza, fallecida en abril de 2024, quien figuraba como beneficiaria previsional hasta un año después de su muerte.
La Nación como parte y posible fraude
El traslado del expediente obedece a que el hecho podría configurar una defraudación a las rentas públicas nacionales, lo que convierte el caso en competencia de la Justicia Federal Penal, conforme a lo establecido por la Ley Nacional N.º 27.146 y el artículo 116 de la Constitución Nacional.
Enterrada en el patio de su casa
La investigación determinó que Provenza murió en abril de 2024, a los 93 años, y que su hija, Mónica Dauga, junto a su yerno, Jorge Gaguini, la enterraron en el patio de su vivienda en Santa Rosa del Conlara. Alegaron dificultades económicas para justificar la decisión.
El caso salió a la luz cuando un hombre intentó obtener un certificado de defunción sin haber registrado previamente la muerte. Ante ese hecho, el Ministerio Público Fiscal activó una serie de medidas que incluyeron informes médicos y solicitudes a organismos nacionales.
Cobraban la jubilación tras su muerte
La autopsia descartó una muerte violenta. El médico forense Gustavo Lafourcade Durán indicó que “no se encontraron indicios ni causas directas de muerte violenta evaluables al momento del examen, por lo que se consideran causas compatibles con un origen natural”.
Sin embargo, un informe de ANSES incorporado al expediente reveló que, entre abril de 2024 y abril de 2025, sus familiares continuaron cobrando el beneficio previsional a su nombre.
