El Parlamento de Israel aprobó este lunes una controvertida ley que habilita la pena de muerte para delitos de terrorismo. La medida fue impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, votada tras un extenso debate y apunta principalmente a acusados palestinos, lo que generó fuertes críticas por su carácter discriminatorio.
Nueva ley de pena de muerte en Israel
Tras más de 12 horas de discusión, el Parlamento israelí dio luz verde a la normativa con 64 votos a favor y 48 en contra. La ley establece la posibilidad de aplicar la pena capital por ahorcamiento y en condiciones de confidencialidad a personas condenadas por terrorismo.
Aunque el texto indica que la norma podría aplicarse a toda la población, en la práctica queda circunscripta a palestinos. Esto se debe a que los procesos se desarrollarán en tribunales militares en Cisjordania, donde únicamente son juzgados ciudadanos palestinos.
Por su parte, los ciudadanos israelíes continúan siendo juzgados en tribunales civiles, donde la condena máxima vigente es la prisión perpetua.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la modificación en los requisitos para dictar la pena de muerte. Hasta ahora, se exigía unanimidad del tribunal, pero con la nueva ley bastará una mayoría simple.
Además, se establece que las ejecuciones se realizarán de forma secreta y que los condenados permanecerán bajo un régimen de aislamiento casi total.
El texto legal especifica que la pena podrá aplicarse a quienes causen la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel.
Contexto y antecedentes
La normativa no tendrá efecto retroactivo sobre los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el grupo Hamás. Sin embargo, el Parlamento analiza otra iniciativa que sí contempla la aplicación retroactiva de la pena capital.
El impulso principal de esta ley provino del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien defendió la medida como una herramienta de disuasión frente al terrorismo.
Críticas y cuestionamientos
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la legislación. Desde el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, advirtieron que la norma institucionaliza una práctica discriminatoria.
Según su director legal, la ley viola principios fundamentales de igualdad y podría contradecir el derecho internacional, al aplicarse sobre población palestina en territorios ocupados.
La organización adelantó que presentará una impugnación ante el Tribunal Supremo israelí con carácter urgente.
