El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado en la madrugada de este viernes tras la aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Desde sus redes sociales, criticó la norma y aseguró que no representa una verdadera medida de justicia para los presos políticos en Venezuela.
Juan Pablo Guanipa, referente de la oposición y cercano a María Corina Machado, confirmó su liberación a través de su cuenta en la red social X. Según indicó, permaneció 10 meses en la clandestinidad y casi nueve meses detenido.
No es la primera vez que el dirigente enfrenta esta situación. En una oportunidad anterior había sido excarcelado, pero horas después volvió a ser arrestado y enviado a prisión domiciliaria. Con la reciente aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, obtuvo libertad plena.
Sin embargo, su reacción fue crítica. Afirmó que la normativa sancionada por el Parlamento no constituye una amnistía real y la calificó como un instrumento incompleto que deja fuera a numerosos detenidos.
Señalamientos de exclusión y falta de garantías
Guanipa sostuvo que la liberación de presos políticos no debe interpretarse como un acto de clemencia, sino como la corrección de detenciones que considera injustas. Además, denunció que aún existen personas privadas de libertad por razones políticas, incluidos integrantes de la Fuerza Armada.
Las objeciones no provienen únicamente de su sector. El partido Primero Justicia consideró que la ley es “insuficiente y sesgada”, al limitarse a determinados hechos políticos ocurridos entre 2002 y 2025. La organización advirtió que una verdadera amnistía debería incluir garantías efectivas y el desmantelamiento de mecanismos de persecución.
En la misma línea, la exdiputada Delsa Solórzano cuestionó que el texto no contemple la derogación de normas como la llamada “ley contra el odio”, señalada por opositores como herramienta de represión.
Reacciones de organizaciones de derechos humanos
Observaciones sobre su alcance legal
Diversas ONG también se pronunciaron sobre la nueva legislación. Desde Foro Penal indicaron que el alcance de la norma es limitado y que deja fuera a un sector significativo de personas consideradas perseguidas políticas.
Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla Institute, sostuvo que la ley excluye a civiles y militares acusados de rebelión, lo que representaría una gran parte de los detenidos actuales.
Por su parte, Liliana Ortega, defensora de derechos humanos, remarcó que cualquier proceso de amnistía debe cumplir con estándares internacionales y contemplar reparación a las víctimas para ser sostenible.
La Ley de Amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional en medio de un clima de tensión política. Mientras el oficialismo la presenta como una medida para promover la convivencia democrática, sectores opositores cuestionan su alcance y efectividad.
El debate se centra en si la norma representa un paso hacia la reconciliación o si, por el contrario, mantiene restricciones que impiden una liberación amplia de presos políticos.
