La segunda jornada del juicio oral contra la ex funcionaria provincial Cintia Ramírez se desarrolló este martes en el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, en el marco de una causa en la que se la acusa de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El tribunal está integrado por los jueces Fernando de Viana, quien preside el debate, junto a Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal de Instrucción en lo Penal N° 1, Francisco Assat, y el fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán.
Por su parte, la querella, en representación de Fiscalía de Estado, está a cargo de los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Cruceño, mientras que la defensa de la imputada es ejercida por los letrados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.
Durante la audiencia de hoy prestaron declaración testimonial cuatro personas: tres contadores y un empleado administrativo vinculados al Estado provincial. Sus testimonios forman parte de la etapa probatoria impulsada por la fiscalía.
Para la próxima jornada está prevista la declaración de ocho testigos más. Según el cronograma establecido, con estos testimonios se completaría la producción de prueba testimonial ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, tras lo cual comenzará la etapa correspondiente a los testigos propuestos por la defensa.
La acusación
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Cintia Marina Ramírez habría utilizado su cargo como funcionaria pública para intervenir en la administración y destino de fondos estatales en beneficio de una entidad privada con la que estaría vinculada.
La investigación sostiene que, mientras se desempeñaba como secretaria deEstado de Deportes y presidenta del Ente Deportivo San Luis, también formaba parte de la conducción de San Luis Fútbol Club, institución que habría recibido transferencias millonarias provenientes de organismos estatales.
