Desde este jueves, la jueza Julieta Makintach enfrenta un juicio político en el Senado bonaerense, acusada de haber grabado sin autorización el documental “Justicia Divina”, centrado en el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. El jury podría determinar su destitución del cargo.
El futuro de la magistrada bonaerense Julieta Makintach comenzó a definirse este jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. La audiencia inicial, que empezó a las 9 de la mañana, marca el inicio formal del juicio político por su participación en la filmación del documental “Justicia Divina”, realizado durante el proceso por la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona.
Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, podría ser destituida si el Jurado de Enjuiciamiento lo considera procedente. El tribunal está compuesto por abogados, diputados y senadores provinciales.
Las acusaciones: un documental sin autorización
La jueza es señalada por haber impulsado y participado en la grabación del documental sin las autorizaciones judiciales necesarias. Según los fiscales de San Isidro —Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo—, Makintach habría promovido un proyecto audiovisual con fines de lucro, aprovechando su rol como integrante del tribunal que debía juzgar a los acusados por la muerte de Maradona.
Los fiscales la acusan de violar deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado de servicios y cohecho pasivo. En la misma causa están imputados el productor José María Arnal Ponti (de Ladoblea S.A.), el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio y María Lía Vidal Alemán, amiga de la jueza y quien habría propuesto la grabación de entrevistas.
Testigos y desarrollo del proceso
Entre los testigos de la acusación figuran los familiares de Maradona, abogados, periodistas y los magistrados que compartieron el tribunal con Makintach. Los primeros en declarar fueron el fiscal del caso, Patricio Ferrari; tres policías que permitieron el ingreso de cámaras a la sala; y Jorge Ignacio Huarte, realizador audiovisual del documental.
Por parte de la defensa, se presentaron cuatro exalumnos de la jueza y dos representantes de la productora involucrada.
El abogado defensor, Darío Saldaño, cuestionó la rapidez del proceso y presentó una medida cautelar ante la Corte bonaerense para suspender la audiencia, aún sin respuesta. “El jury es apresurado. No han pasado cinco meses desde su inicio y ya estamos en debate”, señaló.
La magistrada sostiene que es víctima de una persecución institucional. “La velocidad que intentan darle a este proceso no puede avasallar las garantías mínimas. Hay recusaciones pendientes y pruebas que no se analizaron”, declaró.
Makintach también pidió la nulidad del proceso, denunció irregularidades y aseguró que el registro audiovisual no fue clandestino, sino conocido por los integrantes del tribunal.
Por su parte, el abogado querellante Rodolfo Baqué remarcó que la jueza “puso en riesgo la credibilidad de la Justicia al negar inicialmente la existencia de la filmación”. Además, anticipó que pedirá que los otros dos magistrados que integraron el tribunal sean sometidos a jury.
La jueza se encuentra suspendida desde hace varios meses y percibe solo el 40% de su salario, por decisión de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Además, se le impidió presentar su renuncia mientras dure la investigación.
Si el Jurado de Enjuiciamiento decide destituirla, la causa penal continuará su curso en la Justicia ordinaria. En cambio, si resulta absuelta, la investigación penal quedará archivada.
