El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, se prepara para otro fallo desfavorable en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, podría ordenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte del pago de la millonaria sentencia por USD 16.000 millones.
El caso YPF: tensión en la Casa Rosada por nuevo fallo inminente
Fallo clave desde Nueva York
La jueza Loretta Preska podría emitir en las próximas horas un nuevo fallo en el marco del juicio por la nacionalización de YPF. La Casa Rosada anticipa una resolución adversa y ya trabaja contrarreloj en su estrategia judicial para intentar frenar las consecuencias de una sentencia que podría ordenar la entrega de acciones estatales a Burford Capital, principal litigante en la causa.
Este caso, iniciado hace más de una década, representa uno de los litigios más costosos para el país, con un pasivo judicial que ya supera los USD 17.000 millones, sumando intereses diarios por USD 2,5 millones.
Una expropiación bajo la lupa internacional
La causa se remonta a la expropiación de YPF en 2012 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Según los tribunales estadounidenses, el procedimiento no se realizó conforme a la normativa de la propia empresa, lo que derivó en la actual condena.
El conflicto escaló en septiembre de 2023 cuando Preska falló contra el Estado argentino, ordenando el pago de USD 16.000 millones a Burford Capital, fondo que compró los derechos de litigio de los antiguos accionistas.
La tensión se intensificó recientemente con una orden judicial que apunta a transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford como forma de compensación, lo que disparó la alarma en el Gobierno.
Apelaciones, presión internacional y críticas internas
Frente a este nuevo revés judicial, el Ejecutivo busca agotar las instancias legales. Desde la Procuración del Tesoro, dirigida por Santiago Casto Videla, se prepara una apelación para evitar el traspaso de acciones. Además, se espera que Preska decida si suspende la medida mientras se resuelve el recurso ante la Corte de Apelaciones.
El Gobierno también evalúa solicitar el respaldo diplomático de Estados Unidos y otros países aliados. En 2023, el Departamento de Justicia norteamericano ya se pronunció a favor de Argentina, advirtiendo que una transferencia forzosa de acciones violaría principios de inmunidad soberana.
Simultáneamente, se estudia reforzar el apoyo de terceros países como amicus curiae, tal como sucedió con Uruguay y Paraguay en instancias previas.
Fuentes oficiales señalan que las recientes declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, exviceministro de Economía durante la expropiación, están siendo utilizadas por los demandantes para reforzar su argumento contra el Estado argentino. La Procuración criticó duramente estas intervenciones públicas, al igual que las de exprocuradores de Cambiemos, por considerar que debilitan la posición del país ante la justicia extranjera.
En el oficialismo aseguran que no hay grietas en la estrategia legal, pese a las versiones de división interna, y ratifican que no habrá negociación con Burford Capital, para evitar sentar un precedente riesgoso para futuros litigios internacionales.
