La Corte de Apelaciones de Nueva York aún no define si mantendrá la protección de las acciones de YPF pertenecientes al Estado argentino. Mientras tanto, crecen las sospechas de un hackeo ruso a los tribunales de Estados Unidos, lo que agrega tensión a un litigio que involucra miles de millones de dólares.
El caso judicial por la expropiación de YPF atraviesa horas de máxima expectativa. La Corte de Apelaciones estadounidense debe resolver si mantiene la medida cautelar que impide el embargo del 51% de las acciones que Argentina posee en la petrolera desde 2012.
La definición, que podría conocerse en las próximas horas, se produce en medio de una investigación por un posible hackeo ruso a la plataforma judicial Pacer, donde se publican documentos de casos como el de YPF.
Hackeo ruso en la mira
Según reveló The New York Times, el ataque cibernético se investiga desde 2021 y habría comprometido archivos de casos penales y civiles en tribunales federales. El episodio cobra relevancia porque la filtración ocurre justo antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, destinada a tratar el conflicto en Ucrania.
Aunque los expertos señalan que el caso YPF no estaría directamente afectado, el ex subprocurador del Tesoro argentino, Sebastián Soler, advirtió sobre el riesgo de filtraciones, recordando los antecedentes en la disputa con los fondos buitre.
res posibles escenarios para Argentina
La resolución de la Corte podría derivar en tres caminos distintos:
- Mantener la cautelar: seguiría vigente la orden que impide el embargo, con revisión definitiva prevista para el 27 de octubre.
- Levantar la cautelar: habilitaría el embargo del 51% de las acciones, aunque Argentina apelaría ante la Corte Suprema.
- Entregar otros activos: el tribunal podría exigir bienes alternativos como garantía, lo que también sería apelado.
La disputa se originó tras la decisión de la jueza Loretta Preska del 30 de junio, que reclamó garantías por un fallo que obliga a Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses del 5,24% anual desde septiembre de 2023, lo que equivale a una pérdida de más de US$2 millones diarios.
El demandante, Burford Capital, financia las causas de las sociedades Petersen Energía y Eton Park, ligadas a la familia Eskenazi. Según sus balances, la firma obtuvo ingresos no realizados por US$125 millones en el segundo trimestre de 2025 gracias a este caso, y valúa su participación total en más de US$1.600 millones.
