La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó un pedido de Argentina y ordenó entregar comunicaciones internas de funcionarios actuales y anteriores. La medida busca determinar si YPF actuó como “alter ego” del Estado, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.
El litigio por la expropiación de YPF sumó un nuevo revés para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó este lunes el pedido de la petrolera estatal para evitar entregar documentación a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman el pago de una sentencia por US$16.100 millones.
A diferencia del sistema judicial argentino, en Estados Unidos una apelación no detiene automáticamente la ejecución de una condena, lo que permite a los demandantes avanzar con medidas que podrían derivar en embargos.
Qué ordenó Preska y por qué es clave para los fondos
Chats, correos y comunicaciones oficiales bajo la lupa
Preska exigió que tanto YPF como el Estado argentino entreguen comunicaciones internas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, de funcionarios de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.
El objetivo es establecer si la petrolera funcionó como una extensión directa del Estado, una figura conocida como “alter ego”, lo que habilitaría el embargo de activos de YPF para cubrir la deuda, similar al precedente judicial del caso Crystallex vs. Venezuela.
De acuerdo con fuentes judiciales, la lista de funcionarios alcanza a 35 personas, entre ellos los exministros Sergio Massa y Luis Caputo, aunque los nombres restantes no fueron revelados públicamente.
El litigio por la expropiación de YPF sumó un nuevo revés para la Argentina. La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó este lunes el pedido de la petrolera estatal para evitar entregar documentación a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman el pago de una sentencia por US$16.100 millones.
A diferencia del sistema judicial argentino, en Estados Unidos una apelación no detiene automáticamente la ejecución de una condena, lo que permite a los demandantes avanzar con medidas que podrían derivar en embargos.
Qué ordenó Preska y por qué es clave para los fondos
Chats, correos y comunicaciones oficiales bajo la lupa
Preska exigió que tanto YPF como el Estado argentino entreguen comunicaciones internas, incluyendo correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, de funcionarios de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.
El objetivo es establecer si la petrolera funcionó como una extensión directa del Estado, una figura conocida como “alter ego”, lo que habilitaría el embargo de activos de YPF para cubrir la deuda, similar al precedente judicial del caso Crystallex vs. Venezuela.
De acuerdo con fuentes judiciales, la lista de funcionarios alcanza a 35 personas, entre ellos los exministros Sergio Massa y Luis Caputo, aunque los nombres restantes no fueron revelados públicamente.
La estrategia argentina para evitar el desacato
Cooperación limitada y apelación en curso
Desde el Gobierno argentino aclararon que no entregarán directamente los chats solicitados. En cambio, facilitarán el contacto con los funcionarios involucrados para que autoricen el acceso a esa información privada, con el fin de mostrar colaboración y evitar sanciones por desacato judicial.
Mientras tanto, continúa pendiente la apelación del fallo principal que condena a la Argentina por la expropiación de YPF. Durante una audiencia reciente, el abogado del país, Robert Giuffra, criticó la postura de los fondos demandantes:
“Están tratando de convertir a los tribunales de Estados Unidos en un casino”, afirmó.
Por su parte, el representante de los fondos, Paul Clement, defendió la actuación de Preska y sostuvo que “la jueza hizo un gran trabajo en este caso”.
Qué puede pasar ahora
Riesgo de embargos y posible reversión del fallo
Si la apelación argentina prospera, la millonaria condena podría ser anulada o reducida. Sin embargo, si la Corte mantiene el fallo de primera instancia, Argentina quedará expuesta a embargos de bienes y activos en el exterior, en una causa que ya se convirtió en uno de los litigios más costosos de la historia del país.
