En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska ordenó que Argentina entregue los teléfonos celulares y las comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios vinculados a la causa Peterson/Eton Park. La medida incluye mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras formas de mensajería, especialmente de los ministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa3.
La audiencia celebrada en Nueva York se centró exclusivamente en la producción de pruebas. Allí, Preska autorizó un proceso de discovery —intercambio de información entre las partes— para investigar posibles vínculos de “alter ego” entre el Estado argentino y empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y Enarsa. El objetivo de los demandantes es demostrar que YPF y el Estado argentino actúan como una misma entidad, lo que permitiría embargar activos soberanos.
Rechazo oficial y advertencia sobre soberanía
La Procuración del Tesoro de la Nación rechazó la orden y la calificó de inconstitucional, afirmando que:
“La medida de discovery ordenada hoy por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”.
El organismo recordó que Argentina ya entregó más de 100.000 páginas de documentos en el proceso de discovery posterior al fallo, incluyendo información financiera en Estados Unidos, Argentina y otros países.
También apuntó contra el fondo litigante Burford Capital, acusándolo de abuso del proceso judicial:
“Lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
Apelación ante la Corte de Nueva York
Argentina presentó esta semana los últimos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, solicitando que se extienda la suspensión de la entrega del 51% de las acciones de YPF mientras dure el proceso de apelación.
El Gobierno argumentó que el fallo de Preska:
- Vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero.
- Contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de EE.UU., ya que las acciones de YPF están en territorio argentino y no fueron utilizadas para actividades comerciales en EE.UU.
- Viola principios de cortesía internacional, al exigir el incumplimiento de legislación interna argentina.
Además, se remarcó que no hay riesgo de disipación de activos, ya que la ley argentina prohíbe la venta de acciones sin aprobación del Congreso. Y se advirtió que la ejecución de la orden implicaría un daño irreparable, al perder el control estatal sobre la principal empresa energética del país.
Impacto diplomático y defensa del interés público
La Procuración sostuvo que el interés público se ve claramente favorecido por la suspensión de la medida. Su ejecución afectaría a YPF, sus accionistas y al pueblo argentino, y podría comprometer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, generando incluso represalias judiciales en el extranjero.
