Este lunes 15 de julio, la jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones de YPF a Burford Capital. La decisión se da en el marco del juicio por la expropiación de YPF y agrava la situación judicial y financiera del país.
Fallo adverso sin condiciones
La jueza estadounidense Loretta Preska volvió a fallar en contra de Argentina en la causa por la expropiación de YPF. Esta vez, rechazó el pedido de suspender la transferencia de acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio.
La magistrada argumentó que Argentina no cumplió con los requisitos previos establecidos tras el fallo de septiembre de 2023, y que el país habría intentado “eludir sus obligaciones” con maniobras dilatorias. En el documento, sostuvo que cualquier perjuicio alegado por el Estado argentino es “consecuencia directa de sus propias acciones”.
A pesar del revés judicial, Argentina ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y solicitó una suspensión administrativa temporal. La jueza Preska concedió una prórroga de tres días —hasta el 17 de julio— para que esa instancia evalúe la solicitud.
Sin embargo, si la Cámara no se pronuncia antes de esa fecha y Argentina no cumple con la orden de entrega de acciones, podría incurrir en desacato. Aunque esta figura solo se activaría si los demandantes la solicitan, representa un riesgo legal y financiero importante.
En 2023, Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones a Burford Capital por la forma en que se realizó la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Según el fallo, el Estado violó normas al no realizar una oferta pública de adquisición de acciones a los socios minoritarios.
Actualmente, existen dos caminos judiciales abiertos:
- La apelación de fondo sobre la validez del fallo que impone el pago millonario, que podría demorar hasta 2026.
- La apelación sobre la orden de entrega de acciones de YPF, la cual tiene efecto inmediato y es la que se busca frenar.
El foco sobre posibles “alter ego” del Estado
En paralelo, este martes 16 de julio, Preska convocó a una audiencia en Nueva York para evaluar un pedido de los demandantes que buscan acceder a información financiera de entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y el Banco Central.
El objetivo es establecer si estas instituciones pueden ser consideradas “alter ego” del Estado argentino, lo que habilitaría el embargo de activos para ejecutar la sentencia.
