Emanuel Garbo, integrante de la Asamblea por el Agua de Guaymallén y uno de los detenidos durante la protesta del jueves pasado en el centro de Mendoza, cuestionó la falta de estudios ambientales actualizados para habilitar la megaminería.
“Presentaron el proyecto con informes de 2008 y no saben cuánta agua trae el arroyo del Tigre”, advirtió, en una provincia que atraviesa más de 15 años de sequía y depende de un solo río.
La semana pasada, el Senado de Mendoza sancionó la ley que habilita la megaminería. Cuarenta y ocho horas después, el gobierno de Alfredo Cornejo la promulgó.
La decisión desató masivas protestas de asambleístas que desde hace años rechazan el proyecto por el impacto que —sostienen— tendrá sobre el único curso de agua de la provincia. En una manifestación multitudinaria, la Policía desplegó un operativo que terminó con 13 detenidos, entre manifestantes y periodistas, además de numerosos heridos. Los aprehendidos quedaron procesados.
Garbo recordó que el proceso legislativo se reactivó para favorecer el Proyecto San Jorge, presentado originalmente en 2008, y que la iniciativa actual sigue basada en los mismos estudios. “Hay un organismo oficial del Gobierno que les está diciendo que los estudios son viejos”, señaló. “No saben cuánta agua trae el arroyo El Tigre. ¿Cómo van a trabajar si no saben ni cuánta agua trae el río?”.
La provincia atraviesa una sequía de 15 años sin precipitaciones significativas.
El asambleísta advirtió que, además de utilizar el agua que consumen los mendocinos, las prácticas extractivistas perjudicarán a la industria, especialmente a las bodegas. “La idea de todo megaproyecto de estos es la desaparición de las industrias alrededor, para que quede como única salvación el proceso extractivo”, afirmó.
Pese al avance del Gobierno, Garbo anticipó que las manifestaciones continuarán.
