La familia de Ian Moche, un niño con autismo de 12 años, presentó una demanda judicial contra el presidente Javier Milei por difundir un tuit que lo vinculaba al kirchnerismo y provocó una ola de hostigamiento en redes. El hecho generó amplio repudio y abrió un debate sobre los límites de la comunicación política y el respeto a los derechos de la niñez.
El 1° de junio, Javier Milei compartió en la red social X una publicación de un tercero que acusaba a Ian Moche y a su familia de ser “ultrakirchneristas”, acompañando el mensaje con fotos del niño junto a referentes políticos como Sergio Massa y Cristina Kirchner. La publicación se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios ofensivos en redes sociales.
Tras el tuit, cuentas afines al oficialismo difundieron datos personales como la dirección de la casa, la escuela y fotos familiares del niño, aumentando el nivel de exposición y acoso. Ante esta situación, Marlene Spesso, madre de Ian, decidió iniciar acciones legales para exigir que el presidente elimine el posteo y cese la violencia digital.
Ian Moche es un joven de 12 años diagnosticado con autismo desde los dos. Su historia se hizo conocida por su activismo en temas de discapacidad, especialmente durante el debate legislativo por la ley de emergencia en discapacidad. Ian ha sido recibido por figuras políticas de distintos espacios —desde Cristina Kirchner hasta María Eugenia Vidal— y siempre se ha definido como independiente, sin afiliación partidaria.
En la demanda, redactada desde la perspectiva del propio Ian, se detalla que su desarrollo estuvo marcado por desafíos sociales, como la hiperlexia (capacidad de leer sin hablar). La exposición pública generada por el tuit presidencial se presentó como un acto de violencia simbólica, institucional y discriminatoria.
La acción legal, patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consta de 34 páginas. En el texto, se denuncia que el reposteo del presidente constituyó una “acción comunicativa con intencionalidad propia”, que amplificó el daño y legitimó un discurso ofensivo. Además, se señala que no se trató de una simple opinión personal, sino de un acto estatal con impacto institucional.
La presentación invoca violaciones a instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que exige garantizar el trato igualitario y la protección reforzada a grupos vulnerables como los niños y las personas con discapacidad.
El tuit de Milei generó un amplio rechazo, tanto en el ámbito político como en organizaciones de derechos humanos. La familia de Ian sostuvo que “no puede naturalizarse que el presidente se exprese de esa manera y exponga la imagen de un menor con discapacidad”. Además, enfatizaron que su hijo ha sido víctima de un hostigamiento virtual que “parece irreal”.
En redes, muchos usuarios repudiaron la publicación y se solidarizaron con la familia. La controversia volvió a poner en agenda el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en redes sociales y el impacto que pueden generar sus mensajes, especialmente cuando involucran a menores.
