El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Ghaleh Assat Ali, presentó este lunes un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis contra la sentencia que absolvió a la exfuncionaria provincial Cintia Marina Ramírez en una causa por presunta corrupción.
La medida apunta al fallo dictado el pasado 20 de marzo por el Colegio de Jueces de la ciudad de San Luis, que resolvió desvincular penalmente a la exfuncionaria por el beneficio de la duda en relación con la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, investigada bajo cargos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude e incumplimiento de deberes.
En su presentación, el fiscal sostiene que la absolución se basó en una “valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba”, lo que habría derivado en una errónea aplicación de la ley y en una afectación del derecho de la sociedad a una tutela judicial efectiva, conforme a estándares internacionales anticorrupción.
Además, la Fiscalía cuestionó que el tribunal —integrado por Fernando De Viana, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur— realizó una interpretación parcial de testimonios clave, incluyendo los del exgobernador Alberto Rodríguez Saá y el exsecretario general Miguel Berardo, omitiendo elementos que podrían vincular a la acusada.
El fallo absolutorio consideró que no se acreditó la participación directa de Ramírez en el trámite administrativo ni la existencia de un perjuicio económico concreto. Según los jueces, su única intervención comprobada fue la firma de una nota, lo que resultó insuficiente para configurar los delitos imputados.
Otro eje del planteo fiscal se centra en la pericia sobre el valor del vehículo, cuya validez fue relativizada por el tribunal. Assat cuestionó que se descartara ese informe sin una pericia alternativa y rechazó la interpretación sobre la depreciación, calificándola como “errónea” y determinante en la conclusión de que no hubo daño al Estado.
El recurso también advierte que la sentencia podría implicar un retroceso en los compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción, al impedir —según la Fiscalía— la sanción de conductas que afectan la transparencia en la administración pública.
Con la presentación ya formalizada, será el Superior Tribunal de Justicia de San Luis el encargado de evaluar si existieron errores en la valoración de la prueba o en la aplicación del derecho, y decidir si corresponde anular la absolución y dictar un nuevo fallo.
