La fiscal Silvana Russi se opuso al pedido de excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana. Argumentó riesgo de fuga, entorpecimiento de la investigación y antecedentes de violencia de género.
Argumentos del Ministerio Público
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, encabezada por Silvana Russi, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Leandro Esteban García Gómez, acusado de ejercer violencia física y psicológica contra Lourdes Fernández, cantante conocida por su paso por el grupo Bandana.
La fiscal sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la causa, además de subrayar la gravedad de los delitos imputados y los antecedentes penales del acusado. El dictamen fue remitido al juez Diego Javier Slupski, quien deberá resolver en los próximos días si mantiene la detención preventiva.Argumentos del Ministerio Público
La investigación judicial encuadra los hechos como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada. Estos delitos podrían derivar en una pena de cumplimiento efectivo.
El expediente incluye testimonios de allegados, informes médicos y un relevamiento de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que advirtió un alto riesgo de reincidencia y una “percepción subjetiva de riesgo deficitaria” por parte de la víctima. Los especialistas definieron el caso como un “entrampamiento vincular de larga data”.
Russi enfatizó que la reiteración del vínculo no exime la responsabilidad del acusado: “Intentar justificar las conductas padecidas solo demuestra la vulnerabilidad de la víctima y la influencia psicológica del imputado”, señaló en su dictamen.
Protección de víctimas y perspectiva de género
Desde el punto de vista jurídico, la fiscal sustentó su oposición en la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Brasilia, que obligan al Estado a garantizar la protección integral de las mujeres víctimas de violencia.
Sostuvo que las medidas alternativas a la prisión resultan “insuficientes” y que la detención preventiva es necesaria para evitar nuevos episodios de violencia o interferencias en la investigación.
El caso se desarrolla en un escenario de reducción de políticas públicas de género tras la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que generó preocupación entre organizaciones y colectivos feministas.
El juez Slupski deberá definir en los próximos días si hace lugar o no al pedido de excarcelación. La decisión será observada de cerca por organismos especializados en violencia de género y por el movimiento de mujeres, que advierten sobre una creciente desprotección institucional y reclaman la continuidad de las políticas de acompañamiento y acceso a la justicia.
