La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda alertó sobre el deterioro creciente de los haberes jubilatorios. “Desde que asumió este gobierno, la mínima cayó un 21,4%”, afirmó, y subrayó que los aumentos no alcanzan frente al costo de la salud y los medicamentos.
“Lo que estamos viviendo hoy es un terrible ajuste a los jubilados”, sostuvo la letrada ante la situación actual del sistema previsional en Argentina.
Y expresó su preocupación por el impacto económico en quienes se encuentran retirados. “No vemos que esto vaya a cambiar, y eso es lo más doloroso”, remarcó y consideró que no hay señales de un proyecto que busque mejorar las condiciones de los jubilados.
Rapisarda explicó que la jubilación mínima cayó un 21,4% desde la asunción del actual gobierno nacional: “Lo que la gente siente en la calle es real. Este mes se anunció un aumento del 2,4%, pero cuando los jubilados van a comprar medicamentos o necesitan atención médica, los precios son mucho más altos”.
Y agregó que hoy se repiten viejas desigualdades: “Hay personas con 20 o 25 años de aportes que terminan cobrando lo mismo que alguien que nunca aportó. Eso es injusto”.
La moratoria previsional, que en el pasado permitió a muchos acceder a la jubilación, ya no está vigente. Por eso, muchos hombres y mujeres que alcanzan la edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aportes solo pueden optar por la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que hoy representa el 80% de la mínima. “Con el bono, ronda los 298 mil pesos. Pero no genera derecho a pensión y tiene varias incompatibilidades”, advirtió.
“Antes la gente sabía que al cumplir la edad podía jubilarse con moratoria. Hoy no es así. Por eso, el asesoramiento previsional se volvió imprescindible”, detalló. Además, la abogada señaló que muchas personas deberán planificar su retiro con tiempo, teniendo en cuenta los aportes reales y las opciones disponibles, como la prestación por edad avanzada.
Uno de los problemas más serios es el recorte en los medicamentos y servicios. “Hay fármacos que perdieron cobertura del 100%, otros fueron directamente eliminados del vademécum. Los gastos en servicios como luz, gas, transporte o internet aumentaron de forma considerable, y eso afecta el poder adquisitivo real del jubilado”, aseguró.
También cuestionó cómo se mide la inflación: “El INDEC utiliza parámetros de consumo del año 2004. Hoy, lo que un jubilado destina a servicios representa un 16% del ingreso, el doble que antes. Entonces, los índices no reflejan la realidad”.
Rapisarda señaló que incluso el propio gobierno reconoció en un decreto que los aumentos fueron insuficientes y que los jubilados perdieron poder adquisitivo. Sin embargo, no se tomaron medidas: “Cuando el Estado reconoce el problema pero no actúa, no queda otra opción que el reclamo judicial”.
“Si yo siento que mi haber no corresponde, tengo derecho a exigir lo justo. No hay un Estado que vaya a abonar voluntariamente lo que debe. Todo lo que se consigue, se consigue reclamando”, concluyó.
Para consultas puedena acercarse al estudio jurídico de la doctora que atiende en Bolívar 1446, ciudad de San Luis, y quienes residan en el interior pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 2665041472 para recibir asesoramiento.
