La Justicia dictó este martes una medida cautelar que frenó los despidos y cualquier modificación laboral dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La resolución llegó tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que denunció un proceso de desmantelamiento del organismo impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La decisión judicial impide que las autoridades del INTI avancen con cesantías, traslados o cambios en las condiciones de trabajo de los empleados hasta que se resuelva el fondo de la causa. Además, ordenó suspender la aplicación de la Resolución 42/26, cuestionada por el gremio estatal.
ATE celebró el fallo y aseguró que se trata de un precedente importante para los trabajadores del sector público. El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “un histórico triunfo para los estatales” y afirmó que el Gobierno nacional atraviesa un momento de debilitamiento político.
El origen del conflicto en el INTI
La presentación judicial de ATE había sido realizada el 18 de mayo mediante un recurso de amparo contra las autoridades del INTI. El sindicato buscó declarar nula la Resolución 42/26, una medida que eliminaba más de 900 servicios técnicos, tareas de asistencia tecnológica y ensayos especializados dentro del organismo.
Según el gremio, la resolución excede las facultades administrativas del instituto, ya que muchas de las funciones afectadas fueron creadas por ley y solo podrían modificarse mediante una decisión del Congreso Nacional.
Desde ATE sostuvieron que la eliminación de esos programas dejaba sin tareas concretas a cientos de técnicos y profesionales, generando una situación de “desocupación efectiva” dentro del organismo científico y tecnológico.
Críticas a la resolución y reclamos sindicales
En el expediente judicial, el sindicato también cuestionó que las medidas se adoptaran sin negociación paritaria ni consultas previas con las organizaciones gremiales. Para ATE, la decisión vulnera derechos laborales y convenios internacionales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gremio remarcó además que el recorte de servicios impactaría directamente sobre la capacidad técnica y científica del INTI, un organismo clave para el desarrollo industrial y tecnológico del país.
La resolución judicial representa un freno temporal al avance de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional dentro del instituto. Mientras continúa la disputa legal, el conflicto entre la administración de Javier Milei y los sindicatos estatales suma un nuevo capítulo con fuerte impacto político y laboral.
