La jueza Civil, Comercial y Ambiental N°3 de la ciudad de San Luis, Valeria Benavídez, dictó una medida cautelar que ordena a la presidencia del Concejo Deliberante de la capital puntana reincorporar a la planta permanente a 13 empleados.
La condición laboral de los trabajadores había sido modificada por la actual presidenta, Agustina Rodríguez Saá, a principios de año.
En realidad, los trabajadores, que ya cumplían labores desde antes en el Legislativo municipal como contratados, fueron pasados a planta permanente por resolución del propio Concejo, votada tanto por ediles del oficialismo como de la oposición.
El 14 de noviembre del año pasado, mediante resolución 259-PHCD-2023, el Cuerpo prestó acuerdo para cubrir 19 puestos. Mientras que, el 6 de diciembre, por resolución 291-PHCD-2023, fueron designados quienes ocuparían esos lugares. Sus salarios, además, estaban contemplados en los Presupuestos 2023 y 2024.
Sin embargo, Arancibia Rodríguez dijo que todos habían participado de un “aguantadero” montado por la gestión anterior, dio de baja la resolución y despidió a los empleados.
La jueza Benavídez, en un fallo fechado este lunes 26 de febrero, dispuso “la inmediata incorporación a la planta permanente y asignación de tareas” para los 13 trabajadores, “bajo apercibimiento de incumplimiento de una orden judicial”.
Los favorecidos con la medida son: Ana Beatriz Parente, Lucas Ezequiel Palermo, Laura Marcela Ayala, Johana Jaqueline Rufino, María Lucía Furgiuele, Emiliano Augusto Inmenson, Bárbara Témoli, María Marta Carolina Abregú Sasiaín, Marcela Alejandra Sepúlveda Guajardo, Liliana Hortencia Callejas Flores, Katherin Melanie Rosales, Esteban Agustín Badra y Sergio Nazareno Selada.
(Crédito foto: El Diario de la República)
