Una pareja homoparental de San Luis reclama que la Justicia reconozca su paternidad compartida sobre su hijo nacido por gestación solidaria.
El bebé, que tiene cuatro meses, aún no cuenta con DNI porque el fallo judicial sólo permite inscribirlo con el nombre de uno de los padres y obliga a incluir a la mujer que llevó adelante el embarazo, aunque ella nunca quiso asumir la maternidad.
Una familia formada por amor, en espera de justicia
Héctor Acosta Pérez y su pareja soñaron con formar una familia. Con la ayuda de una amiga que decidió gestar para ellos de manera totalmente altruista, recurrieron a un tratamiento de reproducción asistida.
En junio nació su hijo, pero la felicidad se vio rápidamente atravesada por un conflicto judicial: la Justicia de San Luis se niega a reconocer legalmente a ambos padres.
La jueza de primera instancia, Natalia Giunta, rechazó el pedido de inscripción conjunta y mantuvo la figura de “madre gestante”, a pesar de que la mujer que llevó el embarazo dejó constancia de que no tenía ningún vínculo biológico ni voluntad de maternidad.
“Nos sentimos burlados. Lo que se habló ante la jueza anterior ni siquiera fue mencionado en la sentencia. Tampoco el defensor de Niñez consideró al niño”, expresó Héctor.
Un vacío legal que contradice derechos conquistados
El conflicto surge a partir de la contradicción entre el artículo 562 del Código Civil, que define como madre a quien da a luz, y las leyes del Matrimonio Igualitario y de Reproducción Asistida, que reconocen el derecho de todas las familias —sin distinción de género— a concebir y criar hijos.
“Si la ley dice que todas las familias tienen el mismo derecho, ¿por qué no se nos aplica? Hay una contraposición que deja a nuestro hijo sin identidad”, explicó Héctor.
La pareja apeló el fallo, y la causa está ahora en manos de la Cámara Civil de Apelaciones N° 2, integrada por las juezas Carina Pereira y María Celeste Rodríguez.
“Las juezas no nos quieren recibir”
Según relató Héctor, la Cámara rechazó el pedido formal de audiencia presentado por su abogada.
“Nos negaron el pedido alegando que ya habíamos tenido una audiencia en abril, pero fue con otra jueza, no con ellas. Y además, nada de lo que se habló en esa instancia fue considerado en la sentencia. Sentimos que se nos burlan”, lamentó.
El padre cuestionó también al defensor de la Niñez, Sebastián Privitera, quien respaldó la negativa en primera instancia y volverá a intervenir en la apelación.
“Dice que las normas están por encima del interés del niño. ¿Qué normas? Hay chicos con dos madres o padres solteros donde no figura una madre en el DNI. Nadie nos da una respuesta”, señaló.
Un bebé sin documento
El niño vive con sus dos padres desde que nació, pero sigue sin DNI. La pareja sólo cuenta con el acta médica de nacimiento y la cobertura del plan materno infantil, que vence al año.
“Tenemos que explicar nuestra vida cada vez que vamos al médico. Es humillante decir que nuestro hijo no tiene documento por decisión judicial”, contó Héctor.
Incluso mencionó las dificultades cotidianas: “No viajamos, porque si la policía me para y me pide documentos, no tengo cómo demostrar que soy su padre. Es absurdo.”
“Obligan a una mujer a ser madre contra su voluntad”
La mujer que llevó adelante el embarazo, amiga de la pareja, declaró que lo hizo sin recibir dinero y sin querer asumir ningún rol materno.
“Ella lo hizo de corazón, por amistad. La Justicia ahora la obliga a figurar como madre, cuando ni biológica ni emocionalmente lo es. Es injusto para todos”, sostuvo Héctor.
“Vamos a luchar hasta que nuestro hijo tenga identidad”
Conmovido pero firme, Héctor asegura que no abandonará la pelea: “Estoy dispuesto a hacer huelga de hambre si es necesario. Solo queremos justicia y que nuestro hijo tenga su identidad. No estamos pidiendo privilegios, sino igualdad ante la ley.”
Contexto legal
La Corte Suprema dictó un fallo en 2024 que dejó sin efectos un pedido similar, pero en un contexto distinto: la gestante no tenía relación de amistad con los padres, algo que sí ocurre en el caso de Héctor.
El artículo 562 del Código Civil define como madre a quien da a luz, lo que genera conflictos en los casos de gestación solidaria.
La ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la de Reproducción Asistida (2013) amplían los derechos familiares, pero aún no existe regulación específica sobre subrogación.
