La Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de la Primera Circunscripción imputó a tres nuevas personas en la causa por estafas inmobiliarias, que ya contaba con once acusados. Los fiscales Francisco Assat Alí y Ornela Costa formularon cargos contra José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzoca Fernández y Ruth Sonia Agüero por asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documentos públicos y privados, y su uso en procesos judiciales.
La audiencia fue encabezada por la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, con participación de la Fiscalía de Estado (Florencia Bustos Samperisi) y la querella (Maximiliano y Sebastián Pipitone).
Maniobras desde 2012
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, los hechos se remontan al menos a 2012. Los imputados habrían integrado una organización estable, con división de funciones y rotación de roles, destinada a la apropiación ilegítima de inmuebles mediante fraudes documentales y artificios procesales.
Entre las maniobras detectadas:
- Introducción de domicilios falsos para impedir notificaciones
- Declaración de rebeldía de las víctimas
- Uso de documentación apócrifa, firmas y sellos falsificados
- Participación rotativa de testigos y miembros del grupo en distintos expedientes
Las víctimas eran en su mayoría personas mayores, herederos ausentes o con limitaciones físicas, lo que las volvía especialmente vulnerables.
El rol del abogado y el perjuicio patrimonial
La Fiscalía sostiene que el grupo estaría liderado por el abogado Juan Cruz Domínguez, cuyo conocimiento técnico habría sido clave para ejecutar las maniobras. El perjuicio patrimonial estimado supera los cuatro millones de dólares.
Medidas cautelares y patrimoniales
La jueza Banó declaró la causa como “compleja”, autorizó un plazo de investigación de seis meses y dispuso que los imputados:
- Firmen el libro de procesados semanalmente
- No salgan de la provincia sin autorización
- Queden sujetos a inhibición general de bienes y prohibición de contratar
Declaraciones y defensas
- José Jofré declaró haber firmado documentos sin conocer su contenido, a pedido de un conocido, y negó haber recibido beneficios.
- Mazzoca Fernández y Agüero, según su defensor Martín Pérez Ruta, actuaron de buena fe al comprar un terreno y ceder derechos, sin integrar ninguna organización.
Alcance territorial
La presunta organización habría intervenido en al menos 20 hechos de apropiación fraudulenta en localidades como San Luis capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
Las maniobras incluían procesos sucesorios simulados, cesiones de derechos con documentación falsificada, y juicios de escrituración que derivaban en sentencias engañosas.
