Sandra Figueroa se apartó de su banca tras ser imputada junto a su esposo, el exintendente Luis “Pato” Campos, en una causa que investiga delitos graves cometidos desde la Municipalidad de Alberdi.
Legisladora tucumana pidió licencia en medio de una causa por corrupción
La legisladora Sandra Beatriz Figueroa presentó este lunes a primera hora su pedido de licencia en la Legislatura de Tucumán, luego de ser procesada por la Justicia Federal en una causa que investiga la existencia de una presunta organización criminal que habría operado desde la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi.
En la nota dirigida al cuerpo legislativo, Figueroa —esposa del destituido exintendente Luis Armando “Pato” Campos— sostuvo que la decisión busca “abocarse a su defensa y colaborar con el proceso judicial para aclarar su situación de manera transparente”.
El fallo judicial y los procesamientos
La semana pasada, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento de seis personas en el marco de la investigación. Entre los imputados figuran Campos, Figueroa, el empresario Roque Cayetano Giménez, el exsecretario de Hacienda José del Carmen Roldán, el exconcejal José Albano Loru y Pablo Exequiel Barrionuevo.
El magistrado calificó los hechos como de “trascendencia institucional”, al señalar que “afectan la administración pública en su conjunto” y exigen “una respuesta judicial inmediata y ejemplificadora”.
En su resolución, Díaz Vélez ordenó el embargo de bienes por sumas millonarias para garantizar eventuales responsabilidades civiles y procesales.
- Para Campos, Figueroa, Loru y Barrionuevo, el monto fijado fue de $250 millones cada uno.
- En tanto, Giménez y Roldán fueron alcanzados por un embargo de $200 millones.
De los seis imputados, Giménez permanece detenido con prisión preventiva, mientras que los demás enfrentan medidas de coerción personal.
Origen de la investigación: un audio que destapó el escándalo
La causa se inició luego de que la División Informática Forense de la Policía de Tucumán detectara la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres, identificado luego como una conversación entre Campos y Giménez.
En ese audio se mencionaban presuntos delitos graves, como narcotráfico, comercialización de menores, injerencias sobre la policía y uso irregular de fondos municipales.
El registro se viralizó rápidamente en redes y grupos de mensajería, generando una fuerte crisis institucional en Alberdi, que derivó en la intervención del municipio y del Concejo Deliberante por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo.
Según el fallo judicial, las pruebas recopiladas demostraron la existencia de vínculos directos entre funcionarios y actores privados en torno a actividades ilegales.
“La investigación permitió corroborar un funcionamiento paralelo al institucional, donde las decisiones públicas se entrelazaban con intereses particulares y delictivos”, expresó el juez Díaz Vélez en su resolución.
El procesamiento de Figueroa y Campos sacudió el escenario político tucumano. Ambos pertenecen al mismo espacio que gobernó Alberdi durante varios años. La situación provocó cuestionamientos dentro de la Legislatura y pedidos de mayor control institucional sobre los municipios.
