El Congreso debatirá una posible reforma de la Ley de Glaciares por pedido del presidente Javier Milei. La iniciativa, que se tratará en sesiones extraordinarias, busca flexibilizar restricciones para impulsar inversiones mineras y ya generó una fuerte reacción de asambleas ambientales y comunidades cordilleranas en todo el país.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. La modificación que impulsa el Ejecutivo apunta a permitir que las provincias autoricen emprendimientos extractivos, especialmente mineros, en zonas actualmente protegidas.
Según el planteo oficial, el objetivo es “eliminar trabas a las inversiones”. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el cambio podría debilitar seriamente la protección de las fuentes de agua.
El Inventario Nacional de Glaciares
La norma vigente fue producto del trabajo conjunto entre científicos, comunidades locales y organizaciones ambientalistas. A partir de su sanción se creó el Inventario Nacional de Glaciares, que registró más de 14.000 cuerpos de hielo en todo el país.
“La ley no solo protege los glaciares visibles, sino también los glaciares de escombros y zonas periglaciares, que cumplen un rol hídrico esencial”, explicó Laura Zalazar, geógrafa de la Universidad Nacional de Cuyo y coordinadora del inventario.
Glaciares en retroceso y presión minera en alza
Cambio climático y actividades extractivas
En las últimas décadas, la mayoría de los glaciares argentinos perdió volumen. Incluso el glaciar Perito Moreno, históricamente considerado estable, muestra retrocesos desde 2022. El cambio climático es el principal factor, pero la actividad humana agrava el impacto.
“La minería a cielo abierto expone glaciares cubiertos y utiliza enormes cantidades de agua y químicos”, señaló Pierre Pitte, investigador del Conicet en el IANIGLA. En paralelo, el precio internacional del oro superó los 5.000 dólares la onza a comienzos de 2026, lo que incrementa el interés por nuevos proyectos extractivos.
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Ley de Glaciares: alertan por una reforma que favorece a la minería
🔹 Introducción breve:
El Congreso debatirá una posible reforma de la Ley de Glaciares por pedido del presidente Javier Milei. La iniciativa, que se tratará en sesiones extraordinarias, busca flexibilizar restricciones para impulsar inversiones mineras y ya generó una fuerte reacción de asambleas ambientales y comunidades cordilleranas en todo el país.
Reforma de la Ley de Glaciares: qué propone el Gobierno
Un cambio clave en la protección del agua
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, establece la protección de los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. La modificación que impulsa el Ejecutivo apunta a permitir que las provincias autoricen emprendimientos extractivos, especialmente mineros, en zonas actualmente protegidas.
Según el planteo oficial, el objetivo es “eliminar trabas a las inversiones”. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales advierten que el cambio podría debilitar seriamente la protección de las fuentes de agua.
Una ley con respaldo científico y social
El Inventario Nacional de Glaciares
La norma vigente fue producto del trabajo conjunto entre científicos, comunidades locales y organizaciones ambientalistas. A partir de su sanción se creó el Inventario Nacional de Glaciares, que registró más de 14.000 cuerpos de hielo en todo el país.
“La ley no solo protege los glaciares visibles, sino también los glaciares de escombros y zonas periglaciares, que cumplen un rol hídrico esencial”, explicó Laura Zalazar, geógrafa de la Universidad Nacional de Cuyo y coordinadora del inventario.
Glaciares en retroceso y presión minera en alza
Cambio climático y actividades extractivas
En las últimas décadas, la mayoría de los glaciares argentinos perdió volumen. Incluso el glaciar Perito Moreno, históricamente considerado estable, muestra retrocesos desde 2022. El cambio climático es el principal factor, pero la actividad humana agrava el impacto.
“La minería a cielo abierto expone glaciares cubiertos y utiliza enormes cantidades de agua y químicos”, señaló Pierre Pitte, investigador del Conicet en el IANIGLA. En paralelo, el precio internacional del oro superó los 5.000 dólares la onza a comienzos de 2026, lo que incrementa el interés por nuevos proyectos extractivos.
Conflictos territoriales y resistencia social
Jáchal, Mendoza y la memoria de los derrames
En San Juan, la mina Veladero es un símbolo de la controversia minera. Desde 2015, tras varios derrames de cianuro, vecinos de Jáchal mantienen una asamblea permanente. “El río trae cada vez menos agua y nadie confía en su calidad”, denuncian desde la organización Jáchal No Se Toca.
En Mendoza, donde rige la Ley 7722 que prohíbe la megaminería, las asambleas por el agua se reactivaron ante la intención del gobierno provincial de modificarla. Uspallata es uno de los focos de mayor tensión por el proyecto minero San Jorge, ubicado en la naciente del río Mendoza.
Qué cambiaría si se modifica la Ley de Glaciares
Menos protección y más discrecionalidad
La reforma en debate plantea que solo queden protegidos los glaciares que “demuestren función hídrica”, un criterio que especialistas consideran contradictorio. “Todos los glaciares aportan agua: hoy contribuyen entre un 30% y un 50% al caudal de los ríos de montaña”, advirtió el geólogo Juan Pablo Milana.
Además, el control dejaría de estar en manos de un organismo científico nacional como el IANIGLA y pasaría a depender de entidades provinciales, con el riesgo de conflictos de interés.
Para las comunidades indígenas, el debate excede lo económico. “Los glaciares son el agua antigua y el agua del futuro”, expresó Claudia Herrera, representante del pueblo Huarpe en Mendoza. En su cosmovisión, forman parte del Pecne-Tao, la Madre Tierra, y su cuidado es una responsabilidad intergeneracional.
