El debate por la reforma de la Ley de Glaciares continúa en el Congreso de la Nación con una segunda audiencia pública este jueves, en formato virtual. El oficialismo apunta a llevar el proyecto al recinto el 8 de abril, en medio de fuertes cuestionamientos, advertencias de judicialización y posturas enfrentadas entre sectores políticos, ambientales y productivos.
La discusión se da en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, encabezadas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz.
Tras una primera audiencia marcada por momentos de tensión, este jueves se realiza una nueva jornada de exposiciones. Más de 190 oradores participaron del primer encuentro, con posiciones divididas respecto a la modificación de la normativa, que ya cuenta con media sanción del Senado desde febrero.
El oficialismo prevé avanzar rápidamente: el 31 de marzo buscará firmar dictamen y el 8 de abril intentará tratar el proyecto en el recinto. En caso de aprobarse sin cambios, la reforma quedará sancionada definitivamente.
Posturas enfrentadas sobre la reforma
El debate dejó en evidencia una fuerte división entre quienes defienden la protección ambiental y quienes priorizan el desarrollo productivo.
Desde el ámbito ambiental, referentes y funcionarios expresaron preocupación por el impacto de los cambios. La secretaria de Ambiente de La Pampa, Vanina Basso, advirtió sobre la importancia del agua como recurso vital, especialmente para provincias ubicadas aguas abajo.
También rechazaron la iniciativa figuras como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la exdiputada Marta Maffei, autora de la ley vigente, quien destacó que la norma fue construida con base científica y consenso social.
En contraste, desde sectores vinculados a la producción minera respaldaron la reforma. El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo que la actividad es clave para el desarrollo económico de regiones con condiciones geográficas adversas y cuestionó lo que definió como una falsa oposición entre minería y cuidado del agua.
Críticas al proceso y posibles denuncias
El proceso de audiencias también fue objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. Diputados encabezados por Maximiliano Ferraro presentaron una impugnación ante la presidencia de la Cámara baja, denunciando irregularidades en la organización.
Entre los principales reclamos se encuentran la falta de transparencia en la selección de oradores, la limitación en la participación ciudadana y cambios en las condiciones de exposición una vez iniciado el proceso.
Legisladores de distintos espacios políticos advirtieron que estas prácticas podrían vulnerar normas constitucionales y acuerdos internacionales vinculados al acceso a la información y la participación pública.
Además, el abogado ambientalista Enrique Viale anticipó que impulsará una denuncia penal contra la senadora Flavia Royón por presunto conflicto de intereses, lo que suma un nuevo foco de tensión al debate.
Respuesta del oficialismo
Desde el oficialismo defendieron la organización de las audiencias y aseguraron que se respetaron los mecanismos establecidos. Argumentaron que el esquema responde a criterios de orden y logística, y que todos los legisladores tienen acceso a las instancias de discusión.
El diputado Nicolás Mayoraz indicó que las impugnaciones serán analizadas por las vías correspondientes y afirmó que las presentaciones judiciales realizadas hasta el momento no prosperaron.
Mientras se desarrollaban las exposiciones dentro del Congreso, en las inmediaciones se registraron manifestaciones en rechazo al proyecto. La protesta se realizó bajo un importante operativo de seguridad, reflejando el alto nivel de conflictividad que rodea a la iniciativa.
