La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes la Ley de Transparencia Social, enviada por el presidente Daniel Noboa, que establece controles más estrictos sobre las organizaciones sin fines de lucro. El oficialismo defiende la medida como una herramienta contra el lavado de dinero, mientras que la oposición y organismos internacionales la califican como un riesgo para la libertad de asociación.
¿Qué establece la nueva normativa?
La Ley de Transparencia Social otorga al Estado facultades para fiscalizar, supervisar y sancionar a fundaciones, asociaciones y entidades civiles. Entre las medidas, se contempla la posibilidad de disolver organizaciones si se detectan irregularidades en el origen o manejo de sus fondos.
Durante el debate, la asambleísta oficialista Mishel Mancheno explicó que la norma busca frenar el ingreso de recursos ilícitos al sistema financiero. Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en los primeros cinco meses de 2025 se registraron más de 600 millones de dólares en operaciones no justificadas, mientras que entre 2007 y 2020 circularon 22.000 millones de dólares sin respaldo.
El presidente Noboa defendió la aprobación señalando que algunas organizaciones han servido como “mecanismo para la criminalidad y la minería ilegal”.
Reacciones de la oposición y la sociedad civil
El bloque opositor Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, calificó la ley como “inconstitucional” y denunció la inclusión de disposiciones tributarias y financieras no debatidas previamente.
La legisladora de RC, Paola Cabezas, afirmó que la norma busca “controlar y criminalizar a las organizaciones comunitarias”, mientras que dirigentes sociales advirtieron que podría ser utilizada para reprimir la protesta social y limitar la labor de defensores de derechos humanos e indígenas.
Organismos internacionales también mostraron su preocupación. La relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Gina Romero, alertó que la ley estigmatiza a la sociedad civil al vincularla sin pruebas con actividades ilícitas.
Desde el Partido Social Cristiano (PSC), el asambleísta Alfredo Serrano cuestionó una disposición transitoria que exonera de multas a empresas públicas en liquidación con deudas al IESS. “El IESS pertenece a los afiliados, no al gobierno de turno”, remarcó, calificando la medida de inconstitucional.
La aprobación se dio en un ambiente de fuerte tensión política y social, con acusaciones cruzadas sobre los alcances reales de la normativa.
Parte de un paquete de reformas urgentes
La Ley de Transparencia Social es la cuarta reforma económica urgente enviada por Noboa y aprobada en apenas un mes. Las anteriores —Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia— también enfrentaron cuestionamientos y se encuentran parcialmente suspendidas en la Corte Constitucional.
Los críticos advierten que el Ejecutivo busca ampliar su poder de control bajo el argumento de combatir delitos financieros, mientras que el oficialismo asegura que se trata de medidas necesarias para proteger la economía y la seguridad nacional.
