En las últimas horas, una conversación filtrada atribuida al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, desató una fuerte controversia a nivel nacional. La grabación revelaría detalles comprometedores sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Javier Milei y posibles manejos irregulares dentro del entorno más cercano al presidente.
La versión que circula indica que el audio fue captado a distancia, con ruido ambiente de platos y cubiertos, lo que refuerza la hipótesis de que la grabación no fue realizada por el interlocutor directo de Spagnuolo, sino por una tercera persona ubicada en otra mesa.
Ante esto, el periodista sostuvo en declaraciones al programa El Juego de la Política: “Tendría que haber salido a dar una explicación pero está escondido, supuestamente renuncio. Es uno de los tipos que mas entró a la Casa Rosada ya que era su abogado personal de Javier Milei”.
Según explico López Masías, Spagnuolo habría revelado información sensible relacionada con el manejo de fondos para candidaturas, mencionando aportes de hasta 500.000 dólares por parte de empresarios, a cambio de lugares en listas electorales. Según la denuncia, estos fondos no siempre habrían sido utilizados con el fin prometido.
El periodista Marcelo López Masías, dijo que “Spagnuolo mantenía una relación cercana con el presidente Milei”. Sin embargo, tras la filtración del audio, permanece alejado de la escena pública y en una situación poco clara: se habla tanto de una renuncia como de una licencia.
En el centro del escándalo también aparece el estratega político Santiago Caputo, señalado por algunos como el posible autor intelectual de maniobras internas contra Spagnuolo. Caputo, conocido por su influencia en el círculo de Milei y su experiencia como consultor, habría tenido fricciones con otros sectores del oficialismo, lo que podría explicar el conflicto.
La revelación reaviva los cuestionamientos sobre la transparencia del financiamiento electoral y el funcionamiento del entorno presidencial. Analistas advierten que el caso podría tener repercusiones judiciales si se comprueban irregularidades, mientras crece la presión para que el gobierno dé explicaciones públicas sobre el contenido de la grabación.
