La relación entre el Gobierno y los bancos atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la gestión. La reciente decisión del equipo económico de elevar nuevamente los encajes bancarios, obligando a las entidades a destinar esos fondos inmovilizados a la compra de deuda pública, encendió alarmas que muchos comparan con el traumático «corralón» de 2001. Aunque las circunstancias son distintas, la sensación de coerción financiera resuena con fuerza en el sistema.
Esta medida, adoptada tras el fracaso en la última licitación de bonos, fue interpretada por los bancos como un manotazo de ahogado. La reacción no se hizo esperar: una reunión de urgencia con el Banco Central dejó más frustraciones que soluciones. «No nos escucharon», resumió un banquero, dejando en claro que el diálogo fue más técnico que participativo. La señal del Gobierno fue tajante: los pesos no deben presionar al dólar, y para eso deben quedarse quietos.
Pero lo que se presenta como una herramienta de contención monetaria, es percibido por el sector financiero como un castigo. Las críticas no se limitaron al ámbito local: los ADR de los bancos argentinos en Wall Street se desplomaron, reflejando la desconfianza externa en el rumbo adoptado. Galicia, Supervielle y BBVA encabezaron las caídas, en un mercado que interpreta que el sistema financiero local está siendo acorralado.
En este contexto, la explicación del ministro Caputo dejó más preguntas que respuestas. Enredado en tecnicismos, intentó justificar la medida como una forma de proteger la estabilidad de precios, aunque sus propias palabras revelan contradicciones. La lógica de «no emitir si no sabemos por qué sube la demanda de dinero» suena más a miedo que a estrategia.
Desde el sector privado, las críticas se acumulan. Consultoras apuntan a la falta de previsibilidad y coherencia del plan económico, especialmente desde la eliminación de las Leliq. Además, señalan que comunicar decisiones de este calibre por redes sociales, y fuera del horario habitual, alimenta la incertidumbre en lugar de disiparla.
Es preocupante que se recurra a medidas coercitivas para forzar al sistema bancario a financiar al Estado, especialmente en un contexto de fragilidad institucional. El problema no es sólo económico, sino político: cuando el diálogo se reemplaza por imposiciones, los costos se pagan en confianza, inversión y crecimiento.
El Gobierno enfrenta un dilema serio. Si no recupera la capacidad de construir consensos —aún con el sector financiero—, el riesgo de aislamiento institucional y colapso de credibilidad seguirá creciendo. Y con él, la posibilidad de una nueva crisis que ya no será herencia, sino consecuencia.
