La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, resolvió en la audiencia de este miércoles la formulación de cargos por asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, en concurso real, contra once personas en el caso conocido como la “mafia de las escrituras”.
El fiscal de Instrucción N° 1 de la primera circunscripción, Francisco Assat Alí, junto a la fiscal adjunta Ornella Costa, imputó a Juan Cruz Domínguez como autor intelectual, y a Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar y Walter Luis Alejandro Terceros.
En tanto, José Héctor Jofré fue citado pero no se presentó.
Durante la audiencia estuvieron presentes los abogados querellantes Maximiliano y Sebastián Pipitone, además de la Fiscalía de Estado, representada por Juan Ignacio Trusendi y Florencia Bustos Samperisi.
Mafia de las escrituras: una red para apropiarse de inmuebles
Según la imputación, la organización estaría vinculada a al menos 20 hechos de apropiación fraudulenta de inmuebles —predios, lotes, campos y viviendas— en distintas localidades de San Luis: la capital, El Volcán, El Chorrillo, Potrero de los Funes, Merlo, Luján, Los Vallecitos y Nogolí.
La hipótesis fiscal indica que los imputados montaron un mecanismo sostenido en el tiempo, con división de roles y rotación de funciones. La maniobra incluía sucesiones simuladas y cesiones de derechos falsas, sustentadas en documentación apócrifa, con el fin de iniciar juicios de escrituración.
Con este engaño, obtenían sentencias judiciales fraudulentas que les permitían inscribir los bienes en el Registro de la Propiedad. Para ello fabricaban boletos de compraventa, denuncias policiales, certificaciones notariales, pagarés, comprobantes impositivos y timbrados falsificados.
Documentos falsos y domicilios “seguros”
Un punto clave de la maniobra eran los domicilios “seguros” o “controlados”, que en realidad pertenecían a miembros de la organización. De este modo, se evitaba que los verdaderos propietarios recibieran notificaciones judiciales. Eran declarados en rebeldía y los jueces —actuando de buena fe pero engañados— dictaban resoluciones favorables a los acusados.
El fiscal Assat Alí destacó la magnitud del perjuicio patrimonial, estimado en más de 4 millones de dólares en inmuebles. También subrayó la complejidad de la causa, que lleva dos años de investigación y se caracteriza por la cantidad de imputados y la dificultad probatoria.
La voz de las víctimas
Entre las damnificadas está María Rosa Jaime, quien relató que cuando intentó recuperar la casa que heredaba su hijo, “me encontré con contratos falsificados y hasta con una medida cautelar a favor de la familia de uno de los imputados”.
