El cierre de empresas en Argentina continúa en aumento y refleja el complejo escenario económico actual. Desde la asunción de Javier Milei en noviembre de 2023, más de 22.600 firmas dejaron de operar, según datos oficiales. La caída del entramado productivo se profundizó durante 2025, en un contexto de baja del consumo, apertura de importaciones y dificultades para sostener el empleo.
Deterioro del sector privado
En el último bimestre de 2025 cerraron 1.562 empresas con al menos un trabajador registrado, lo que eleva a 22.608 el total de firmas que desaparecieron desde el inicio de la actual gestión, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El retroceso del tejido empresarial ya alcanza niveles comparables con los registrados durante la pandemia. En el último año, se perdieron más de 10.300 unidades productivas, lo que representa una caída del 2,1%. Desde noviembre de 2023, la disminución total asciende al 4,4%.
Además, el proceso de contracción se mantiene de forma sostenida: se acumulan 15 meses consecutivos de caída mensual y 22 períodos interanuales negativos.
Crecimiento económico sin impacto en el empleo
A pesar de que la actividad económica mostró un crecimiento estimado del 4,4% en 2025, impulsado principalmente por sectores como el agro, la energía y las finanzas, este repunte no se tradujo en una mejora del empleo.
Por el contrario, el trabajo registrado cayó un 1% interanual, lo que equivale a más de 106.000 puestos perdidos en comparación con diciembre del año anterior. Desde el inicio del gobierno, la pérdida total de empleo formal supera los 288.000 puestos.
Impacto en la industria y grandes empresas
El deterioro no solo afecta a pequeñas y medianas empresas, sino también a grandes compañías. Casos como el cierre de una planta de FATE o los recortes de personal en firmas como Newsan, Whirlpool y Quilmes evidencian la amplitud del fenómeno.
Entre los factores que explican esta situación, distintos análisis coinciden en señalar el atraso cambiario, la mayor apertura de importaciones y la caída del consumo interno, lo que limita la actividad productiva local.
Los datos del INDEC muestran que más de la mitad de las empresas industriales operan con niveles de pedidos por debajo de lo habitual. En paralelo, la capacidad instalada del sector se ubica en torno al 53,6%, el nivel más bajo para un inicio de año desde 2002.
A esto se suman dificultades financieras: casi la mitad de las empresas reporta problemas para afrontar pagos básicos como salarios, proveedores o impuestos, mientras que más de un 20% ya redujo su plantilla de personal.
