La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda advirtió que la nueva “Ley Bases 2” que impulsa el Ejecutivo “está pensada más en el recorte que en el reconocimiento de derechos”. La iniciativa incluiría la eliminación de regímenes especiales, una jubilación proporcional y la transferencia de cajas provinciales al sistema nacional.
Un proyecto centrado en el ajuste
Durante una reunión de la Comisión de Presupuesto, los funcionarios nacionales Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña adelantaron que el Gobierno enviará al Congreso la Ley Bases 2, un megaproyecto que incluirá reformas laboral, educativa, tributaria y previsional.
Rapisarda analizó el impacto que tendría esta iniciativa sobre el sistema jubilatorio. “Lo que se conoce hasta ahora muestra que se viene una reforma pensada en el recorte, no en la protección de los jubilados”, expresó.
Rapisarda explicó que la seguridad social representa casi el 60% del presupuesto nacional, por lo que el ajuste “va directamente sobre ese sector”. “Cuando el objetivo es achicar el gasto, el mayor recorte termina en la seguridad social”, sostuvo.
Eliminación de regímenes especiales
Uno de los puntos más polémicos de la propuesta sería la eliminación de los regímenes jubilatorios especiales, que permiten jubilarse antes por las condiciones de ciertas actividades. “Se habla de armonizar o homogeneizar, términos que suenan técnicos, pero que esconden un objetivo: recortar derechos”, dijo Rapisarda.
Entre los sectores alcanzados estarían docentes universitarios, ferroviarios, aeronáuticos, portuarios, trabajadores de la salud, de laboratorios, de la construcción y la minería. “Son regímenes especiales porque reconocen que algunas tareas producen desgaste prematuro y justifican un retiro anticipado”, explicó.
Jubilaciones proporcionales y cajas provinciales
La iniciativa incluiría también la transferencia de cajas provinciales al sistema nacional y la creación de una prestación de retiro proporcional. Este esquema permitiría jubilarse con un mínimo de 10 años de aportes, aunque sin precisar aún cómo se calcularán los haberes.
“Se menciona una jubilación proporcional, pero no se aclara el monto ni el mecanismo de actualización. Todo indica que habrá una fuerte reducción en los haberes iniciales”, detalló.
Rapisarda también señaló que las jubilaciones ordinarias podrían reducirse al 50% del salario en actividad, una medida que “viola el principio constitucional de mantener un poder adquisitivo similar al del trabajador activo”.
“Una reforma pensada en el recorte”
La abogada cuestionó el enfoque del Gobierno: “Viene mucho recorte. Parece una reforma pensada más en el ajuste que en el reconocimiento de derechos”.
Y recordó que el país ya tuvo experiencias negativas con los sistemas de capitalización privada: “Muchos jubilados de ese régimen hoy cobran 5.000 o 6.000 pesos. Si no hubieran sido incorporados nuevamente al sistema estatal, habrían quedado condenados a ese monto”.
Impacto en las pensiones no contributivas
Rapisarda refirió a la situación de las pensiones por discapacidad, donde “los controles se usaron con fines de recorte y no de auditoría”. Destacó un fallo de Catamarca que ordenó la restitución inmediata de las pensiones dadas de baja y una resolución nacional (126/2025) que exige a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cumplir con esa medida.
“Hasta ahora solo se aplicó en Catamarca y Formosa. En el resto del país, las personas siguen reclamando. Es una lucha constante para que se cumplan los derechos básicos”, afirmó.
La abogada consideró que la única vía en muchos casos será la judicial: “El Estado nacional se crea sus propios reclamos. Obliga a la gente a judicializar lo que debería resolver administrativamente”.
“El futuro se está hipotecando”
Rapisarda dijo que el rumbo previsional del Gobierno pone en riesgo el sistema a largo plazo. “Hay que pensar en un sistema sustentable, pero sin destruir derechos. Esta reforma avanza sobre conquistas históricas de los trabajadores”, expresó.
Y convocó a la sociedad a mantenerse informada y activa: “Hoy más que nunca hay que defender el derecho a una vejez digna. Las reformas no pueden hacerse a costa de quienes más necesitan protección”.
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