Un ex policía fue detenido en Córdoba por su presunta participación en una estafa millonaria contra la obra social Apross. Con su arresto, ya son 37 los imputados en una causa que investiga la falsificación de recetas y la adulteración de documentos para obtener medicamentos de alto costo.
La investigación judicial por la estafa a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) sumó un nuevo detenido: un policía retirado que ocupó el cargo de tesorero en la Mutual Policial 16 de Noviembre entre 2016 y 2021. Fue imputado por los delitos de Defraudación Calificada y Falsificación de Documento Privado.
La detención fue dispuesta por el fiscal José Bringas, de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 6, en el marco de una causa que ya acumula 37 imputados. El ex uniformado estaría vinculado a la facturación de consultas médicas inexistentes, una de las tantas modalidades fraudulentas detectadas.
La causa, iniciada en 2019 bajo la dirección del fiscal José Mana y actualmente a cargo de José Bringas, destapó una compleja red de maniobras ilegales que involucraban la falsificación de recetas médicas, el uso de documentos adulterados y la entrega irregular de medicamentos.
El modus operandi consistía en obtener los datos de afiliados de Apross y, con esa información, confeccionar recetas truchas —físicas o electrónicas— utilizando sellos y firmas médicas falsificadas. Luego, los implicados retiraban medicamentos costosos en farmacias, modificando previamente sus documentos de identidad para simular ser los beneficiarios reales.
Entre los fármacos más requeridos figuraban insulina, tiras reactivas y tratamientos oncológicos, que luego eran vendidos en el mercado ilegal.
Durante los allanamientos realizados en febrero, las autoridades secuestraron elementos fundamentales para la investigación: computadoras, celulares, documentos apócrifos, sellos falsos, dinero en efectivo y una importante cantidad de medicamentos. Solo en esos operativos, se incautaron 12 millones de pesos.
Según estimaciones preliminares, el monto total defraudado rondaría los 500 millones de pesos, lo que da cuenta de la magnitud del daño al sistema de salud provincial.
Uno de los ejes actuales de la investigación apunta a determinar si algunas farmacias colaboraron con la organización delictiva. Se analiza si hubo complicidad activa en la entrega de los medicamentos o negligencia en los controles al momento de validar las recetas.
Desde el Ministerio Público Fiscal no descartan nuevas detenciones, ya que permanecen abiertas entre 40 y 50 líneas de investigación relacionadas con el caso.
