Este miércoles, como ya se ha vuelto una constante en el paisaje porteño, el Gobierno de Javier Milei desplegó un megaoperativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de una nueva marcha de jubilados.
Con el clima caldeado por la posible sanción de la Reforma Laboral y el cierre con más de 900 despidos en Fate, el objetivo es aplicar el protocolo «anti-piquetes» frente a la movilización que, cada semana, encabezan diversas agrupaciones de jubilados en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y el impacto del ajuste económico.
Desde las 10 de la mañana, las fuerzas de seguridad, por orden de la ministra de Alejandra Monteoliva, blindaron el Palacio Legislativo con un esquema de vallas metálicas sobre las calles Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, las cuales permanecen totalmente cerradas al tránsito.
Por su parte, efectivos de la Prefectura Naval se apostaron sobre la avenida Entre Ríos para evitar que los manifestantes ocupen la calzada, en cumplimiento estricto de las directivas del Ministerio de Seguridad.
La protesta se da en un clima de creciente malestar para el sector pasivo, que denuncia una situación crítica debido a la suba constante de precios y tarifas que no se condice con los haberes actuales.
