Luego de más de dos años de investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), se realizó un megaoperativo simultáneo. Se concretaron 18 detenciones en 53 allanamientos realizados en distintas localidades del conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. El objetivo fue desarticular una banda que desde al menos 2014 se dedicaba a blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.
La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo de Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Las medidas, ordenadas por el Juzgado Federal N°2 de Morón, fueron efectuadas por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional (GN). En su dictamen, los representantes del MPF solicitaron un total de 39 detenciones, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que ayer la fiscalía pidió la captura nacional e internacional.
El líder de la banda, una persecución con dron y allanamientos en San Luis
El sindicado líder de la organización, identificado por sus iniciales como R.J.Z, fue detenido en el country Terralagos, en Canning. A pedido del MPF, el juez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos.
El dron permitió detener en ese mismo barrio privado a otro imputado cuando cargaba una valija, que luego se descubrió que contenía cerca de 12 millones de pesos, en una camioneta 4×4. La GN siguió e interceptó el vehículo.
El MPF confirmó que hubo procedimientos en San Luis, pero no dio detalles de los domicilios allanados ni tampoco si hubo detenciones o secuestro de elementos en el territorio puntano.
Los secuestros y el modus operandi
En los procedimientos se secuestraron más de 60 vehículos, unos 120 millones de pesos, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países, más de 40 computadoras y gran cantidad de celulares. También se procedió al secuestro de documentación de interés, tres armas de fuego y de aproximadamente 12 kilogramos de marihuana.
A pedido de los fiscales, el juez habilitó el desbloqueo compulsivo de dispositivos móviles mediante la fuerza mínima e indispensable si los imputados no aportaban la clave.
La organización montó y operó una plataforma clandestina de juegos de azar que funcionaba sin regulación estatal. El dinero se generaba a través de una red de «franqueros» que vendían fichas.
Lavado de activos: de «pitufeo» a sociedades de fachada
El dinero ilícito se canalizaba a través de cuentas y billeteras digitales registradas a nombre de testaferros. Los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluyó:
- «Pitufeo»: Depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias para evitar los controles.
- Adquisición de bienes: Compras de bienes registrables, adquisición de al menos 20 inmuebles e inversiones en criptomonedas.
- Sociedades de fachada: Constitución de 31 sociedades con objetos sociales diversos (desde procesamiento de carne a desarrollo de software) para disimular el origen del dinero.
Los fiscales Marquevich y Velasco estimaron un total operado de no inferior a U$S 4.471.290 (sin contar propiedades). En el documento precisaron que esta estimación se construyó a partir de:
- Más de 200 vehículos adquiridos por un total aproximado de U$S 4.000.000.
- U$S 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias.
Tras los allanamientos, y sumando acreditaciones bancarias, desde la fiscalía indicaron que las cifras de dinero lavado podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de 17.000 millones de pesos.
El entramado profesional y el alcance internacional
La investigación develó la crucial participación de profesionales. La acusación del MPF incluye a un contador y a una abogada que habrían participado en la constitución de la mayoría de las sociedades, a pesar de ser sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Además, se verificaron viajes permanentes de los principales actores a países como Panamá y República Dominicana, lo que detectó una posible dimensión internacional en las operaciones de la red.
Las tareas investigativas continúan para profundizar el análisis del flujo patrimonial y la identificación de nuevos bienes.
