El presidente Javier Milei analiza avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para dejar sin efecto las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos normas aprobadas por el Congreso y ratificadas tras el veto presidencial, pero que el Gobierno nunca ejecutó.
La posibilidad comenzó a circular en la Casa Rosada luego de que el oficialismo diera por perdida la disputa parlamentaria por el Capítulo XI del Presupuesto, que se votará sin cambios este viernes en el Senado. Según publicó La Política Online, el mandatario evalúa avanzar con el decreto una vez aprobado el Presupuesto y ya iniciado el receso legislativo.
El camino del DNU y las dudas constitucionales
El domingo, Milei aseguró públicamente que no vetará el Presupuesto y que realizará reasignaciones de partidas para cumplir con la meta de déficit cero. Sin embargo, evitó referirse a la aplicación concreta de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, ambas resistidas por el Ejecutivo desde su sanción.
Especialistas en derecho constitucional advierten que el Presidente solo tendría dos caminos formales para anular esas normas: impulsar una nueva ley que las derogue o dictar un DNU. En ambos casos, sostienen, existirían serios cuestionamientos de constitucionalidad. En el primer escenario, porque se trataría de una medida regresiva en materia de derechos ya reconocidos; en el segundo, porque no se cumplirían los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución para justificar un decreto de ese tipo.
Riesgo judicial y presión política
El Congreso aprobó y ratificó las dos leyes, pero el Gobierno nunca las implementó. Esa situación expone a la administración libertaria a eventuales denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que podrían alcanzar al vocero presidencial y actual secretario de Comunicación, Manuel Adorni. Su antecesor, Guillermo Francos, ya había sido objeto de un pedido de censura en el Congreso por este mismo motivo.
Desde el ámbito del derecho administrativo, advierten que el Gobierno podría intentar avanzar con un DNU y sostenerlo con el respaldo legislativo que hoy tiene, aunque reconocen que se trataría más de un gesto político que de una decisión jurídicamente sólida. La probabilidad de que una medida así se convalide en los tribunales aparece como baja.
Otra alternativa que se analiza en el Ejecutivo es ejecutar parcialmente las partidas correspondientes al primer tramo del año, para reducir el riesgo judicial, mientras se gana tiempo para intentar una derogación por vía legislativa. En ese esquema, incluso se evalúa la posibilidad de reasignar fondos originalmente destinados a las provincias, una jugada que buscaría presionar a los gobernadores para que acompañen la estrategia oficial.
La definición final, según coinciden distintas fuentes, se conocerá después de la votación del Presupuesto y marcará un nuevo punto de tensión entre el Gobierno, el Congreso y sectores sensibles como el sistema universitario y el colectivo de personas con discapacidad.
